Sentença argentina acerca da imprescritibilidade de ação civil derivada de delitos de lesa humanidade

Recebi do brilhante magistrado do trabalho argentino Oscar Zas, Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal e Presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, bela e sensível sentença contendo profunda análise da legislação argentina sobre direitos humanos.

A sentença declarou a imprescritibilidade de ação civil derivada de delitos de lesa humanidade, em processo onde a filha de um trabalhador desaparecido requereu indenização por acidente do trabalho em face da empresa onde laborava seu pai.

Alegou a reclamante que “…Se imputa exclusiva responsabilidad a la demandada en tanto y en cuanto la desaparición forzosa del padre de mi mandante se produjo en horario y días de trabajo, siendo por ende responsable de los perjuicios causados durante la prestación de los servicios laborales conforme art. 1 ley 9688…”


Consta também da sentença, proferida em 2.2.2012 pelo Tribunal de que faz parte o magistrado Oscar Zas, profundo estudo acerca de diversos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dentre os vários julgados da CIDH analisados pela sentença argentina, destaco o Caso Ximenes Lopes vs. Brasil e também o paradigmático Caso Gomes Lund y outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil.


A principal indagação que teve de responder o Tribunal foi a seguinte: "Se trata de determinar si en el ámbito del derecho de gentes e incluso en nuestro derecho constitucional interno la acción resarcitoria de los daños provocados por los delitos de lesa humanidad es imprescriptible como las acciones de derecho penal."

Seleciono outro trecho da sentença que sumariza debate relevante feito pelo Tribunal:


" ¿Se afianza la institucionalidad poniendo un punto final tan acotado a la capacidad de responder por los daños causados por los cómplices de la dictadura o mantener su patrimonio intocado es reforzar el poder permanente de una oligarquía capaz de condicionar la democracia?
No es posible olvidar que en una sociedad capitalista la posesión de capital en cualquiera de sus formas (económica, social, cultural) constituye instancias de poder social de carácter permanente. Mucho más que el poder estatal que es consecuencia del voto popular. Aún dentro del Estado el poder permanente de las burocracias estamentales tiene un poder de inercia e inhibición capaz de reducir un gobierno democrático a la impotencia."


Por fim, destaco trecho da sentença onde consta corajoso debate acerca do que significa "segurança jurídica":


"En efecto, siguiendo a Aguilar Cavallo, cabe preguntarse: ¿Seguridad jurídica para quién? ¿Para la víctima o sus familiares o para sus victimarios? ¿A quiénes deberían garantizarle certeza y seguridad jurídica los poderes públicos en un Estado de Derecho? La seguridad jurídica no es un principio absoluto y está sometido al principio de justicia. Los gobernados -en general, todo individuo- tendrá la confianza -garantizada por la Constitución- de que si no comete actos inhumanos, atrocidades y actos de barbarie, recibirá el amparo constitucional y del Derecho Internacional. En cambio, todo individuo puede tener la certeza y seguridad jurídica de que, de acuerdo con la Constitución y el Derecho Internacional, si comete actos de barbarie e inhumanos, que repugnan a la conciencia jurídica universal y contravienen la idea misma de la humanidad, la cual se encuentra a la base del Derecho, serán perseguidos, castigados y tendrán la obligación de reparar adecuada e integralmente a las víctimas, en todo tiempo y en todo lugar. La confianza legítima en la juridicidad de su actuar implica que toda persona ha de poder confiar en que su comportamiento, si se sujeta al derecho vigente, será reconocido por el ordenamiento jurídico, produciéndose todos los efectos legalmente vinculados a los actos realizados. La sujeción al derecho vigente significa sujeción a las normas y, sobre todo, a los principios que fundan el Derecho (conf. Aguilar Cavallo, Gonzalo, op. cit., p. 27)."


No momento em que afinal o Brasil institui (de modo muito tardio e tímido, destaque-se) a Comissão da Verdade, apresenta-se extremamente instigante a leitura desta sentença.


Raramente se debate o direito do trabalho sob o prisma dos terríveis abusos cometidos pelas ditaduras militares latino-americanas. Esta sentença é uma ótima oportunidade para fazermos tal discussão.

Caso nossos leitores e amigos possam indicar alguma sugestão de leitura acerca de tal tema (o direito do trabalho vis-a-vis a ditadura militar), agradeço antecipadamente.


Atenciosamente,

Maximiliano Nagl Garcez

Advocacia Garcez

SENTENCIA DEFINITIVA Nº      73797               . SALA V. AUTOS: “INGEGNIEROS MARIA GIMENA C/ TECHINT S.A. COMPAÑÍA TECNICA INTERNACIONAL S/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL”   JDO: 75

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los   2  días del mes de febrero de 2012, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT dijo:

         Contra la sentencia de grado que rechazó la demanda se alza la actora sosteniendo:

1. La acción intentada es la consecuencia directa de un delito de lesa humanidad que, por tanto, resulta imprescriptible.
2. En subsidio, debe aplicarse la norma del artículo 3980 del Código Civil por existir imposibilidad de hecho para reclamar contra los cómplices civiles beneficiarios de las acciones del terrorismo de Estado.

Entiendo le asiste razón al recurrente. En particular debe tenerse presente que el sentenciante de grado agota el contenido de su sentencia en relación con el instituto de suspensión de la prescripción regulado por el artículo 3980 del Código Civil sin hacerse cargo de los argumentos pertinentes del demandante relativos a la imprescriptibilidad de la acción.

No se trata de la necesidad de analizar los impedimentos de hecho que afectaron a la actora menor de edad al momento de la recuperación del orden republicano (aún así condicionado por la subsistencia de un doble poder militar que se manifestó en una serie de motines y chirininadas que condicionaron o pretendieron condicionar la libertad de acción de los poderes constitucionalmente constituidos en una suerte de doble poder que continuó hasta ya entrada la década del ’90, al punto que el ascenso merecido de militares sanmartinianos como los coroneles Martín Rico y Jaime Cesio esperó a 2006 para obtener el reconocimiento de su ascenso en la defensa de la República o la capacidad de los grupos terroristas para continuar realizando actos de venganza como la desaparición de Julio López luego de ser testigo en un juicio destinado al juzgamiento del genocidio). Se trata de determinar si en el ámbito del derecho de gentes e incluso en nuestro derecho constitucional interno la acción resarcitoria de los daños provocados por los delitos de lesa humanidad es imprescriptible como las acciones de derecho penal.

En particular es necesario tener en cuenta que el instituto de la dispensa de la prescripción tiene en cuenta impedimentos de hecho que afectan a particulares en situaciones individuales y no supuestos de terror colectivo como los que emergen de la comisión de delitos masivos de lesa humanidad. En estos supuestos, como señalara Foucault, el miedo se marca en la carne y, como lo demuestra nuestra historia institucional reciente, el descrédito de las instituciones que cohonestaron y sirvieron de marco de cobertura al terror como es el caso de este, nuestro Poder Judicial, hace imposible el ejercicio razonable de las acciones destinadas a la reparación en el exiguo plazo establecido por el artículo 3980, como lo demuestra la exigua cantidad de demandas resarcitorias ejercidas a ese amparo no obstante el importante número de víctimas de cuya desaparición, tortura y hostigamiento fueron beneficiarios particulares concretos que llevaron incluso a desposeer empresas por el terror, como son los casos que se investigan en el secuestro de las familias Graiver y Grassi de cuyas consecuencias existieron beneficiarios económicos concretos. Al momento de la instauración de un gobierno elegido por el voto el día 10 de diciembre de 1983 la actora era una niña. Pretender que en el lapso de dos meses una familia amputada por el terrorismo de Estado tuviera la capacidad para accionar en pro de los derechos de una niña huérfana es pretender un heroísmo cívico o un desprendimiento que no es inherente a los mortales. Y precisamente una república, para ser tal, es aquél sistema de poderes en que para ser digno no es menester ser héroe. Si para ser digno es menester ser héroe se hace aparente el síntoma más claro de un Estado totalitario.

La pregunta jurídica no es ¿Porqué esperó tanto tiempo para demandar? La pregunta jurídica es ¿debía hacerlo en los dos meses posteriores al 10 de diciembre de 1983 presentando la demanda frente a una totalidad de jueces, si bien en comisión, que habían jurado por el Estatuto del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional? ¿Se afianza la institucionalidad poniendo un punto final tan acotado a la capacidad de responder por los daños causados por los cómplices de la dictadura o mantener su patrimonio intocado es reforzar el poder permanente de una oligarquía capaz de condicionar la democracia?

No es posible olvidar que en una sociedad capitalista la posesión de capital en cualquiera de sus formas (económica, social, cultural) constituye instancias de poder social de carácter permanente. Mucho más que el poder estatal que es consecuencia del voto popular. Aún dentro del Estado el poder permanente de las burocracias estamentales tiene un poder de inercia e inhibición capaz de reducir un gobierno democrático a la impotencia.
..."

Nota da Advocacia Garcez: a íntegra da sentença pode ser lida em http://advocaciagarcez.blogspot.com/2011/02/sentenca-argentina-sobre.html

Justiça condena Casas Bahia de Três Lagoas em R$ 1 milhão por assédio moral (Fonte: MPT/MS)

´´A Justiça do Trabalho de Três Lagoas condenou a empresa Casas Bahia, em audiência realizada na quarta-feira, 8, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 1 milhão, pela prática de assédio moral.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), após instauração de investigação que comprovou a prática de submissão dos trabalhadores que não atingiam as metas ao constrangimento de dançar e vestir fantasias na frente dos demais colegas. Quem não alcançava a meta era obrigado a cumprir “castigo”, que consistia nas chamadas vendas de “boca de caixa”. Ao trabalhar apenas na boca do caixa, os empregados só podiam vender produtos do setor, o que resultava na diminuição das comissões. Nas reuniões, os vendedores que não conseguiam atingir os objetivos fixados pela empresa eram chamados à atenção e podiam também ser transferidos de setor.
Os vendedores eram ainda obrigados a participar de dinâmicas, com danças como a “boquinha da garrafa”, teatro e shows de calouros. Os empregados que se recusavam eram tidos como descomprometidos.
Conforme consta na decisão do juiz do Trabalho Renato de Moraes Anderson, a prática de shows, como a dança na boquinha da garrafa, e a transferência de funcionário para setor onde as vendas diminuem representam verdadeiro assédio moral, “que denotam a prática pelo empregador de atos lesivos que tendem à exclusão do empregado no ambiente de trabalho”. As empresas não podem adotar essas práticas como forma de obrigar os vendedores a alcançar as metas estabelecidas pela empresa, “desprezando os preceitos da dignidade do trabalhador e dos valores sociais do trabalho”.
Condenação - A empresa Casas Bahia foi condenada a não mais expor trabalhadores a situações humilhantes, constrangedoras e vexatórias. E, como forma de reparar a sociedade pela violação aos direitos dos trabalhadores, a empresa foi condenada ao pagamento da indenização no valor de R$ 1 milhão, dos quais, 30 % serão revertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e o restante a creches, asilos, hospitais sem fins lucrativos e para custeio de trabalhadores desamparados. Comissão integrada por membros da Justiça do Trabalho, do MPT e da Câmara Municipal de Três Lagoas será responsável pela definição das entidades a serem beneficiadas.
Para evitar a reincidência da prática do assédio moral na empresa foi, ainda, fixada multa diária por trabalhador prejudicado, no valor de R$ 150 mil.
A procuradora do Trabalho Ana Raquel Machado Bueno de Moraes destaca que a sentença tem caráter reparatório, punitivo e, principalmente, pedagógico, “para que o infrator não mais submeta seus trabalhadores a condições humilhantes e vexatórias e que respeite a ordem jurídica trabalhista, calcada no princípio constitucional de proteção à dignidade humana”.
A sentença pode ser consultada no site do Tribunal Regional do Trabalho (www.trtms.jus.br) com o número do processo: 0001453-37.2011.5.24.0071. A empresa poderá recorrer da decisão.´´

Súmula 431 do TST (divisor 200): Advocacia Garcez atuou em 4 dos seus precedentes

Foi publicada hoje no DEJT Nacional n. 918, de 2012 (disponibilizado em 13.02. 2012) a Súmula 431 do Tribunal Superior do Trabalho, com seus respectivos precedentes.

A redação da  Súmula n.º 431 é a seguinte: “SALÁRIO-HORA. 40 HORAS SEMANAIS. CÁLCULO. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200. Aplica-se o divisor 200 (duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora do empregado sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.”

 

4 dos precedentes publicados foram oriundos da parceria entre o escritório Meneghin, Januário, Gomes & Gonçalves Advogados e Consultores Associados (Vida Digna – Maringá), que ajuizou as reclamatórias trabalhistas, e a Advocacia Garcez.

A Advocacia Garcez foi substabelecida para representar os trabalhadores junto ao TRT da 9a. Região, por nossa sede de Curitiba, e posteriormente junto ao TST, por nossa sede de Brasília.

Os processos, que se referem ao direito de eletricitários e de telefônicos que laboram 40 horas semanais ao divisor 200, são os seguintes:

ERR 632650-02.2000.5.09.5555 Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi

DEJT 21.11.2008 Decisão unânime

ERR 586464-52.1999.5.09.5555 Min. Lelio Bentes Corrêa

DJ 03.12.2004 Decisão unânime

RR 622098-75.2000.5.09.5555,2ªT Min. José Simpliciano Fontes de F. Fernandes

DJ 03.12.2004 Decisão unânime

RR 203500-76.2000.5.09.0661,3ªT Min. Carlos Alberto Reis de Paula

DEJT 27.03.2009 Decisão unânime

Turma reconhece vínculo de trabalhadora que recebia apenas moradia como pagamento (Fonte: TRT 3ª Reg.)

´´A 4ª Turma do TRT-MG, acompanhando voto da juíza convocada Adriana Goulart de Sena Orsini, modificou a sentença para reconhecer como empregada uma trabalhadora que residia na propriedade dos reclamados, onde funcionava um clube. O juiz de 1º Grau entendeu que não ficou demonstrada a existência do vínculo de emprego, já que a prestação de serviços foi negada pela ré. Mas a relatora discordou, entendendo que houve provas suficientes de que a trabalhadora prestava serviços, inclusive de vigia do imóvel. Portanto, a relação de emprego ficou caracterizada.
A magistrada verificou que a reclamante e seu marido residiam, juntamente com seus filhos, na propriedade dos reclamados. O casal prestava serviços que viabilizavam o funcionamento do clube, como a manutenção e limpeza do local e, até mesmo, como vigia da propriedade. No entendimento da julgadora, mesmo não tendo havido pagamento de salários, a situação deve ser enquadrada como relação de emprego. É que a contraprestação, no caso, era in natura, ou seja, representada pela habitação fornecida à família.
Com base nesses fundamentos, foi reconhecido o vínculo de emprego entre a reclamante e os reclamados, bem como determinado o pagamento de 30% do salário mínimo por mês trabalhado, conforme regra contida no artigo 82, parágrafo único, da CLT. Foi determinado ainda o retorno do processo à Vara do Trabalho de origem para exame dos pedidos feitos pela trabalhadora. (ED 0000259-91.2011.5.03.0101)´´

Loja Oi do Shopping Maceió é obrigada a pagar indenização por dano moral coletivo (Fonte: MPT/AL)

´´A empresa foi flagrada pelo MPT pagando as comissões sobre vendas “por fora”, sem transitar pelo contracheque do empregado
A loja franqueada da Oi, RedeCell, que funciona no Shopping Maceió, foi obrigada a pagar indenização por dano moral coletivo no valor de 10 mil reais, por cometer várias infrações trabalhistas.
Segundo o procurador do Trabalho Rafael Gazzaneo Junior a empresa pagava comissões de maneira informal, o conhecido pagamento por fora, sem constar no recibo do salário, e não pagava as horas extras trabalhadas, excedendo a duas horas suplementares diárias, em desconformidade com artigo 61 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
No Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado com o Ministério Público do Trabalho (MPT), a empresa assumiu o compromisso de pagar as horas extras trabalhadas pelos seus empregados, como também as comissões juntamente com o salário mensal e discriminadas no recibo de pagamento.
O TAC ainda obriga a instalação de controles de jornada, que registrem a entrada e a saída dos funcionários, como também foi garantido o descanso semanal e o pagamento em dobro pelo trabalho realizado aos domingos e feriados.
Multas
A multa pelo não cumprimento das obrigações contidas no TAC foi fixada no valor de 30 mil reais e valerá para a hipótese de um futuro descumprimento dessas cláusulas. Além disso, a Loja Oi do Shopping Maceió foi obrigada a pagar a importância de 10 mil reais a título de indenização pelo dano moral coletivo, que foi imediatamente revertido à entidade sem fins lucrativos Lar de Amparo à Criança para Adoção - LACA, CNPJ Nº 09.284.433/0001-51, localizada na Rua Coronel Pacheco Ramalho, nº 219, Pitanguinha, Maceió/AL.´´

Juiz reconhece danos morais a professora vítima do método geladeira (Fonte: TRT 3ª Reg.)

´´O abuso do poder diretivo, por parte do empregador, vem sendo uma constante nas relações de trabalho, ensejando o ajuizamento de milhares de ações na Justiça do Trabalho todos os anos. Muitas vezes o poder empregatício se manifesta de forma autoritária e o trabalhador, pela inferioridade na relação de trabalho subordinado e pelo temor de perder o emprego que lhe garante o sustento, acaba por se sujeitar às condições impostas. Geralmente são medidas sutis que visam a desestabilizar a pessoa, conduzindo-a a um desgaste emocional. Um exemplo disso é o método de colocar o empregado na geladeira, ou seja, deixá-lo ocioso, sem função alguma. Sem trabalho, a pessoa se sente humilhada e tem sua honra profissional afetada.
Analisando um desses casos, o Juiz Marco Antônio de Oliveira, titular da 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia, condenou uma universidade a pagar a uma professora indenização por danos morais no valor de R$3.700,00. Primeiramente, a professora foi deixada ociosa na sala dos professores e, depois, designada para lecionar no Curso de Nutrição, quando sua contratação era para o Curso de Moda.
Em sua defesa, a universidade não esclareceu o ocorrido. Por sua vez, uma testemunha confirmou as alegações apresentadas na inicial. Por essas razões, o magistrado reconheceu como verdadeira a versão da reclamante. Na visão do julgador, a conduta de deixar o empregado ocioso, injustificadamente, afronta a dignidade e constrange. Não se trata de mero aborrecimento. A situação remete ao odioso ato de colocar o empregado na geladeira . O magistrado lembrou a canção do compositor Gonzaguinha, na qual ele diz que vida é trabalho e sem o seu trabalho um homem não tem honra. E chamou atenção para o fato inexplicável de serem atribuídas à reclamante aulas de curso para o qual não foi contratada.
Nesse contexto, o magistrado concluiu que houve afronta à dignidade da trabalhadora e deferiu a ela indenização por danos morais, com base nos artigos 186, 187 e 927, que regulam a matéria. Para definir o valor de R$3.700,00, o juiz se valeu dos parâmetros fixados na legislação, ressaltando que os danos não ultrapassaram os limites da escola e que a reclamada é sabidamente instituição respeitável no seu ramo de atividade, além do que o grau de culpa não foi relevante a ponto de causar abalo significativo. A matéria já foi apreciada pelo Tribunal, em grau de recurso interposto pela ex-empregadora, mas a reparação foi mantida. (ED 0001160-70.2010.5.03.0044)´´

CEULB/ULBRA deverá depositar FGTS de seus funcionários, determina Justiça (Fontre: TRT 14ª Reg.)

´´A falta de depósitos do FGTS a funcionários pelo Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná – CEULBJI/ULBRA e Centro Educacional São Paulo fazem Ministério Público do Trabalho entrar com Ação Civil Pública (ACP) na Justiça do Trabalho. Pela urgência, o juiz Dorotheo Barbosa Neto elaborou despacho manuscrito, nesta quinta-feira (9), concedendo liminar e determinando que a reclamada efetue os depósitos do FGTS de seus funcionários em tempo, modo e forma corretos.
De acordo com a decisão liminar do magistrado, a Ulbra terá que depositar os valores correspondentes ao mês de fevereiro de 2012, sob pena de multa de R$ 2,500,00 para cada trabalhador prejudicado. A multa será revertida ao FAT Funde de Amparo do Trabalhador ou a instituição que beneficie a comunidade local de Ji-Paraná (RO).
A decisão que concedeu a antecipação de tutela tem o intuito de frear a lesão aos direitos dos trabalhadores, tendo caráter de urgência. O processo principal foi incluído em pauta na 2ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná/RO.´´

ALAL convida: Havana, 21 a 23.03.2012 - VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ABOGADOS LABORALISTAS Y DEL MOVIMIENTO SINDICAL

VII ENCUENTRO INTERAMERICANO DE DERECHO LABORAL E DE SEGURIDAD SOCIAL e VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ABOGADOS LABORALISTAS Y DEL MOVIMIENTO SINDICAL Data: 21 a 23 de março de 2012 

Local: HOTEL NACIONAL DE CUBA 


Pacote Econômico: CASA CASTRO'S VIAG. E TURISMO. tels:(11) 3257 6588 - 3255 3145 - 3256 2495- 3231 5297/telfax:(11) 3259 1172, email: ccastros@terra.com.br Foto: Hotel Nacional de Cuba PREPARE-SE PARA ESTAR PRESENTE. EVENTO DE GRANDE SUCESSO, INTERNACIONAL E DE CUNHO SOCIAL. VOCÊ É NOSSO CONVIDADO. AGENDE-SE! 


VEJA A CONVOCAÇÃO: VII ENCUENTRO INTERAMERICANO DE DERECHO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ABOGADOS LABORALISTAS Y DEL MOVIMIENTO SINDICAl 


UNJC (União Nacional dos Juristas Cubanos) 
ALAL (Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas) 
AAJ (Associação Americana de Juristas) 


“EL DERECHO DEL TRABAJO RUMBO A LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA” HOTEL NACIONAL DE CUBA, 21 al 23 de Marzo del 2012 CONVOCADOS POR LA SOCIEDAD CUBANA DE DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIÓN NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA, LA ASOCIACIÒN AMERICANA DE JURISTAS Y LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS. 

Coauspicia: Gremio Nacional de Abogados de los Estados Unidos La convocatoria se dirige a Abogados, Jueces, Procuradores, Profesores, Asesores, Académicos y Representantes de organizaciones sindicales así como a otros especialistas interesados en las temáticas vinculadas al mundo del Trabajo y la Seguridad Social con el objetivo de reflexionar sobre los cambios ocurridos en el continente y para generar la mejor doctrina rumbo a la integración latinoamericana y defender el derecho al trabajo en las circunstancias actuales del mundo. 


PRINCIPALES EJES TEMATICOS 1. Responsabilidad social corporativa y estatal ante las nuevas formas de organización empresarial. 2. La defensa de los derechos laborales: Protecciòn de las condiciones de trabajo y el medio ambiente laboral en el escenario mundial actual. 3. Crisis y perspectivas de la seguridad social.l. 4. El sindicalismo: El ejercicio de la libertad sindical y las luchas sociales. Nuevas formas de organización sindical. Por su amplitud, dentro de estos ejes temáticos se pueden presentar diferentes temas que serán evaluados por el Comité Organizador para su debate como ponencias libres. Los debates se desarrollarán mediante, conferencias magistrales, ponencias, paneles, talleres y exposiciones de ponencias libres. Los interesados en participar en el programa científico podrán presentar ponencias, comunicaciones, resultados de investigaciones en forma individual y colectiva por vía electrónica sobre alguno de los ejes temáticos u otros temas relacionados con ellos. También podrán hacerlo en soporte papel que no exceda de 20 cuartillas en hojas de 8½ x 11 pulgadas , enviando sus trabajos al Comité Organizador antes del 15 de febrero de 2012, acompañados de un resumen de una cuartilla, precisando título del trabajo, nombres y apellidos del autor o autores y país, tanto en soporte magnético o papel, preferiblemente a través de los correos electrónicos indicados en la convocatoria. Los expositores de Conferencias Magistrales serán designados por el Comité Organizador y de entre las ponencias presentadas se escogerán las que se expondrán en los paneles y talleres. Se solicita a los ponentes la posibilidad de publicar sus trabajos por lo que se agradece de antemano la cesión gratuita de ese derecho. En caso afirmativo se consignará en el resumen. Los idiomas oficiales serán el español y el inglés, con la posibilidad de analizar casuísticamente otras alternativas para solicitudes específicas de traducción, en dependencia de la cantidad de participantes. La colegiatura será de 180.00 pesos convertibles cubanos (CUC) para los delegados y 100..00 CUC para los acompañantes y los estudiantes de pre-grado, previa presentación del documento acreditativo, con derecho a participar en las actividades incluidas en el programa del evento y el pago se efectuará en efectivo, en pesos convertibles cubanos, en el momento de la acreditación. La colegiatura incluye además de la participación en las sesiones del Encuentro, el certificado de asistencia, la actividad de bienvenida y despedida. 


PROGRAMA 
Lunes 19 y martes 20: Acreditación en la Sede de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (Calle 21, No. 552, esquina a D, en el Vedado (entre las 9.00 a.m. y las 4.00 p.m.). 


Martes 20 
Cursos pre-encuentros 


Miércoles 21 
4.00 p.m. Acto de Inauguración 4.30 p.m. 
Conferencia Magistral 
6.30 p.m. Brindis de bienvenida 


Jueves 22 
9.00 – 11.00. 
Sesión de trabajo 11:00 – 11.30. 
Receso 
11:30 – 13.00 Sesión de trabajo 
13:00 – 14.30 Receso 
14.45 – 18.00 Sesión de trabajo 


Viernes 23 
9:00-11:00. Sesión de trabajo 
11:00-11:30 Receso 
11:30 – 13.00 Debates 
13:00 – 14.30 Receso 
14.45 – 15.30. Conferencia 
15.30 -17.30 Sesión de trabajo 18.00 


Clausura 19.00 


Brindis de despedida 

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Las solicitudes de inscripción se formularán al Comité Organizador mediante fax, correo electrónico, teléfono u otra vía, con antelación al 10 marzo de 2012.


Si se contacta con las agencias de cada país vinculadas a los viajes a Cuba, las que tendrán como receptivo a la agencia Cubatur S.A. se podrán obtener paquetes turísticos que incluyan alojamiento con desayuno, traslados: aeropuerto – hotel -aeropuerto y servicio de guía. 


Se le recomienda a los participantes internacionales utilizar preferiblemente tarjetas de crédito o débito no vinculadas a bancos de Estados Unidos, como VISA o euros, libras esterlinas, dólares canadienses, pesos mexicanos, yen japonés o francos suizos. 


Los dólares estadounidenses en efectivo tienen en el país un gravamen del 10% al cambiarse por pesos convertibles cubanos (CUC). 

El Comité Organizador le estará muy agradecido a toda institución, agencia, medio de prensa o persona que publiquen esta convocatoria y la divulguen en universidades, entidades jurídicas, tribunales, colegios de abogados, sindicatos, bufetes especializados y otros que tengan vinculación con el Derecho Laboral, la Seguridad Social y el trabajo de los sindicatos en defensa de los trabajadores. 


DATOS PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 1. Nombre y Apellidos 2. País 3. Dirección, teléfono, correo electrónico, 4. Especialidad. 5. Categoría: Delegado____, Estudiante_____, Acompañante______. 6. ¿Va a presentar ponencia? Si________ No________ 7. Título de la ponencia 8. ¿Cede el derecho a publicarla? Si________ No________ 9. 


Fecha, vía (aeropuerto y vuelo) y hora de llegada a Cuba Enviar preferentemente a través del fax: (537) 833 3382 o de las siguientes direcciones de correo electrónico: unjc@unjc.co.cu eiabogadoslaboralistas@yahoo.es eiabogadoslaboralistas@gmail.com 


Las personas de contacto en Cuba, a los efectos de enviar las solicitudes de inscripción y del hospedaje serán: 


Ms C. Arnel Medina Cuenca, Presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC). E. mail: eiabogadoslaboralistas@yahoo.es // eiabogadoslaboralistas@gmail.com / presidencia@unjc.co.cu Telf: (537) 832 6209 // 832 9680 // 832 6513 – 14 // 832 7562 Fax: (537) 8333382 Ms C. Antonio Raudilio Martín Sánchez, Vicepresidente Primero de la AAJ, Vicepresidente de la UNJC y Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral y Seguridad Social. E. mail: raudilio@unjc.co.cu // antonio.martin@infomed.sld.cu Telf: (537) 832 6209 // 832 6513 – 14 // 832 7562 Lic. Lydia Guevara Ramírez, Secretaria General de la ALAL y Secretaria de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral y Seguridad Social. E. mail: lidia@conabi.cu, lguevara46@gmail.com y lguevara46@yahoo.es. Telf. : (537) 8608851- 8608833// 832 6209 // 832 6513 – 14.

Juiz da 3ª VT reconheceu insubsistência de penhora de bens móveis de pessoa enferma (Fonte: TRT 16ª Reg.)

´´O juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de São Luís, Paulo Mont’Alverne Frota, reconheceu a insubsistência de penhora de bens móveis de pessoa enferma para garantia de execução de processo trabalhista.
O magistrado julgou embargos à execução opostos por uma empregadora doméstica, que apresenta grave doença psiquiátrica. Nos embargos, ela alegou que os bens apreendidos eram impenhoráveis, conforme prevê a Lei nº 8009/90 (trata da impenhorabilidade do bem de família).
Os bens (máquina de lavar roupa, geladeira, televisão 21, armário, mesa de vidro com seis cadeiras, guarda-roupa e computador com monitor e impressora) foram penhorados para garantir o pagamento de verbas trabalhistas a uma empregada doméstica.
Em sua decisão, o juiz Paulo Mont’Alverne registrou que a penhora dos bens, com exceção do computador e impressora, “importaria um atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que se tratava de uma devedora acometida de doença psiquiátrica. A privação de alguns desses bens poderia agravar o seu estado”, destacou.
O magistrado ressaltou que, embora a Lei nº 8090/90 considere, a princípio, impenhoráveis os móveis que guarnecem a casa do devedor, admite exceções, entre as quais a possibilidade de penhora desse tipo de bem quando se trata de execução trabalhista em reclamação movida por empregado (a) doméstico (a). “Sucede que o juiz não pode nem deve olvidar os princípios informativos da execução, dentre os quais se destaca o do não aviltamento do devedor. Menos ainda esquecer que a proteção da dignidade da pessoa humana foi erigida a fundamento da República”, salientou.
Para ele, a situação da devedora, com quadro patológico sério e histórico de inúmeras internações em clínica psiquiátrica, impõe uma interpretação humanizada da lei, à luz do fundamento da República voltado à proteção da pessoa humana.
Ainda, conforme o juiz Paulo Mont’Alverne, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, “em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais”, finalizou.
Desta decisão, cabe recurso.
(Número do processo não informado pela fonte oficial)´´

Novo acordo na Vara de Colíder possibilita pagamento a mais 41 ex-trabalhadores de frigorífico (Fonte: TRT 23ª Reg.)

´´Um acordo firmado esta semana na Vara do Trabalho de Colíder (620Km ao norte de Cuiabá) possibilitará que 41 ex-empregados de um frigorífico da região recebam seus créditos trabalhistas.
Na conciliação homologada pelo juiz Igor Marcelino Sanches ficou acertado que os 41 trabalhadores receberão o montante de aproximadamente R$ 763,5 mil em 10 parcelas iguais, a serem pagas mensalmente a partir do próximo dia 7 de março.
O grupo foi dispensado ano passado com o fechamento do frigorífico e desde então pleiteava o pagamento das verbas rescisórias. Em dezembro passado, um outro acordo, também na Vara de Colíder, garantiu a quitação dos valores devidos a mais 49 trabalhadores dessa mesma empresa.
A planta frigorífica fechada no início de 2011 pertencia ao grupo Nova Carne, adquirida há cerca de um ano pelo Frigorífico Independência. Os processos trabalhistas têm como responsáveis solidários as empresas Guaporé Carne e Manoel Birtche Empreendimentos.
A conciliação promovida em dezembro teve a homologação do titular da Vara de Colíder, juiz Angelo Cestari, que, na ocasião elogiou, a conduta das partes e de seus procuradores tendo em vista que o acordo propiciou a rápida satisfação dos créditos trabalhistas sem comprometer a continuidade da atividade econômica do empregador.
Processo Piloto 0000256-67.2011.5.23.0041´´

Justiça concede liminar que favorece renovação de concessões em portos (Fonte: Valor Econômico)

´´A Justiça determinou, em primeira instância, que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) publique a resolução que permite a renovação dos contratos portuários anteriores a 1993. A liminar concedida pelo juiz substituto da 3ª Vara Federal, Bruno César Apolinário, sustenta que um parecer da Advocacia-Geral da União "expressa anuência com a redação do ato a ser publicado". A decisão é do dia 25 de janeiro e estipula que a Antaq edite a resolução em até 30 dias. A decisão é em primeira instância. Cabe recurso.

O pedido de liminar foi protocolado pela Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP), que tem entre suas associadas empresas cujas concessões estão vencidas ou prestes a expirar. São 77 terminais - o equivalente a quase um quarto das 326 instalações portuárias arrendadas no país - espalhados por 15 portos.

Em julho de 2011, a AGU publicou um parecer admitindo que os contratos assinados antes da Lei dos Portos (8.630/93) sejam prorrogados pelo prazo máximo igual ao originalmente pactuado. O objetivo é permitir sua adequação à lei, reduzindo as diferenças em relação aos arrendamentos firmados depois da lei. Apoiada no parecer da AGU, a diretoria da Antaq aprovou, em 29 de setembro de 2011, uma minuta de resolução para regular as prorrogações, mas o texto nunca foi publicado. Na liminar, o juiz afirma que "não há razão plausível para o retardamento na promulgação do novo ato".

"Nós aguardamos praticamente dois meses e resolvemos impetrar o mandado de segurança para suprir uma omissão. Depois que o processo decisório dentro da agência se encerra, o que ela decidiu tem de ser publicado", explica o advogado Igor Sant"Anna Tamasauskas, do escritório Bottini & Tamasauskas Advogados, um dos que representam a ABTP na ação.

Em matéria do dia 19 de janeiro, o Valor destacou que a resolução esbarrou na Casa Civil, que defende a relicitação dos terminais uma vez finalizado o prazo de arrendamento. A posição da pasta foi acompanhada pelos ministérios dos Transportes, da Fazenda e do Planejamento, e pela Secretaria dos Portos (SEP). "O parecer da AGU é cristalino. Temos uma decisão do poder judiciário federal no sentido de que esses terminais arrendados têm direito à adaptação dos contratos", diz Wilen Manteli, presidente da ABTP.

Para ele, se o governo acena com a intenção de renovar as concessões do setor elétrico, faz mais sentido ainda pensar o mesmo para o setor portuário. "Se fosse pensar em licitar, iríamos ter o famoso apagão elétrico. Agora, no sistema elétrico precisa haver alteração na lei para que a renovação seja feita. No portuário, não. A Lei dos Portos prevê esse direito".

Até 1993, a operação portuária pelo setor privado limitava-se quase a um contrato de locação de área. A Lei dos Portos instituiu a necessidade de licitação para essa operação e limitou o tempo de concessão em até 50 anos. Antes dela, os arrendamentos eram feitos sem leilão e podiam ser sucessivamente renovados. O novo marco regulatório impôs ainda critérios mais rígidos para a concessão, como a movimentação mínima de carga, e determinou que os contratos antigos fossem adaptados a ela no prazo de 180 dias, por meio da incorporação das novas cláusulas. Entre elas, estava a possibilidade de prorrogação por uma única vez, por prazo máximo igual ao originalmente contratado. O governo, porém, não conseguiu adaptar todos os contratos no período.

Procurada, a Casa Civil disse que a AGU "posicionou-se a favor de realizar licitações". Questionada sobre a suposta diferença de tratamento do governo entre as concessões elétricas e portuárias, não se manifestou. A Antaq não retornou até o fechamento desta edição.´´

Obras Juridícas em braile serão lançadas em SP (Fonte: OAB/SP)

´´A OAB SP e o Tribunal de Justiça de São Paulo recebem da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, e do Senado Federal, na próxima segunda-feira (13/2), às 10h30, em cerimônia realizada no Salão do Júri do Palácio da Justiça, 16 Leis Federais (Códigos e Estatutos) impressas na linguagem braile, que ficarão disponíveis para a população nas Casas do Advogado da OAB na Capital: Centro, Jabaquara, Itaquera, Penha, São Miguel Paulista, Lapa, Tatuapé, Pinheiros, Santana, Santo Amaro, Nossa Senhora do Ó e Ipiranga.

“Essas publicações fazem parte de uma política de inclusão importantíssima. Não só permitirão aos advogados com deficiência visual acesso a obras legais, que lhes darão mais autonomia e independência no exercício profissional; como possibilitarão a todos os cidadãos com deficiência visual a consulta a esse acervo para conhecerem melhor seus direitos”, afirma o presidente da OAB SP, Luiz Flávio Borges D´Urso.

A impressão dos textos jurídicos em braile faz parte de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Senado Federal e a Prefeitura do Município de São Paulo para impressão gratuita em braile de legislações e publicações.

Participam do evento, além do presidente da OAB SP, o prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab; o presidente do TJ-SP, desembargador Ivan Sartori; a diretora do geral do Senado, Doris Marize; o secretário municipal da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Marcos Belizário; o vice-presidente da OAB SP e o presidente da Comissão de Assuntos do Poder Judiciário, Marcos da Costa, além de presidentes e diretores das Subsecções da OAB SP na Capital.´´

Extraido de http://www.oabsp.org.br/noticias/2012/02/10/7669

OAB estuda normas mais rígidas para escritórios estrangeiros (Fonte: Valor Econômico)

´´A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) poderá endurecer o cerco aos escritórios de advocacia estrangeiros que têm atividades no Brasil. O Conselho Federal analisará, a partir de março, uma proposta de provimento que impede diversas práticas hoje comuns nas associações entre bancas brasileiras e do exterior.

O documento proíbe qualquer tipo de associação que implique "perda ou diminuição da identidade institucional ou da autonomia da gestão administrativa, financeira, profissional ou de planejamento estratégico por parte das sociedades de advogados brasileiras". Isso envolve, por exemplo, o uso de endereço comum, "ainda que em andares distintos de um mesmo prédio", e a confusão de marcas ou identidade visual.

O texto será votado pela Comissão de Relações Internacionais da OAB até março, e depois encaminhado ao Conselho Federal. Os escritórios ficariam proibidos de usar expressões como "associado a" ou "em cooperação com" uma banca internacional. Não poderiam ter cartões de visita em comum, nem folders, sites, e-mail ou qualquer outro tipo de material de comunicação. Esse tipo de prática é atualmente comum nas parcerias entre escritórios nacionais e estrangeiros.

O texto também veda eventos jurídicos e ações promocionais em conjunto, o compartilhamento de bancos de dados, listas de clientes, sistemas de informática ou de remuneração - incluindo políticas de direitos humanos, cobrança de honorários e planos de carreira.

Fica proibido qualquer tipo de contrato ou acordo, "formal ou informal", envolvendo divisão de despesas e investimentos, participação nos lucros e resultados, financiamento cruzado, propriedade direta ou indireta, transferência de participação no capital social ou divisão de controle e gestão da sociedade de advogados brasileira.

Se o provimento passar, todos os contratos entre advogados ou escritórios brasileiros e do exterior terão que ser registrados num prazo de 30 dias nas seccionais da OAB. A partir desses dados, o Conselho Federal criará um Cadastro Nacional desses profissionais.

A proposta de provimento diz que o estrangeiro que violar as regras terá cassada a autorização para atuar como consultor no Brasil. Os casos serão analisados pelas seccionais, onde o acusado poderá se defender e, conforme o resultado, recorrer ao Conselho Federal. Advogados e sociedades brasileiras que contrariarem as normas ficarão sujeitos a processo disciplinar na OAB, além de sanções administrativas, civis e até penais, segundo o provimento.

A proposta foi elaborada pelo advogado Carlos Roberto Siqueira Castro, sócio do Siqueira Castro Advogados, uma das principais bancas do país. Ele foi designado pela Comissão de Relações Internacionais da OAB para elaborar um novo provimento, já que as atuais regras sobre as parcerias vêm causando divergências de interpretação.

O presidente da OAB, Ophir Cavalcante, ressalvou que a proposta ainda depende de aprovação pelos integrantes do Conselho Federal. Mas reconheceu que "seria muito difícil" flexibilizar as normas hoje em vigência. "O que estamos debatendo é se teremos regras mais rígidas ou se mantemos as atuais", disse.

O Provimento nº 91 da OAB, editado em 2000, permite somente a consultoria em direito estrangeiro no Brasil. "Evoluir além disso é muito difícil", afirmou Ophir. "Está claro que não se poderá abrir o mercado de trabalho para que os estrangeiros venham para cá fazer advocacia judicial, como estão querendo".

Em 2010, ao analisar uma consulta do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (Cesa), o Tribunal de Ética da OAB paulista entendeu que seria terminantemente proibida as associações, uniões e parcerias entre escritórios brasileiros e estrangeiros. A proposta atual segue as diretrizes firmadas nessa consulta. A OAB promoverá uma audiência pública sobre o assunto em março, antes de levar o provimento a votação pelo Conselho Federal.

No ano passado, o Conselho Federal puniu dois advogados, com suspensão das atividades por quatro meses, por se associarem a um grande escritório de Miami.´´

Sanepar assume sistemas em mais dois municípios do Oeste (Fonte: Assimp Sanepar)

´´A Vila Guarani e Alto Alegre, no município de Terra Roxa, e São Sebastião/Vila Rural Primavera, em Vera Cruz do Oeste, passam a integrar o rol de localidades atendidas pela Sanepar na Região Oeste do Estado. Para a Sanepar encampar esses sistemas serão celebrados termos aditivos aos contratos de concessão.

Os distritos de Vila Guarani e Alto Alegre somam 257 ligações de água e têm uma população de cerca de mil pessoas. Já, em Vera Cruz do Oeste, mais 338 moradores do município passarão a ter água tratada da Sanepar, por meio de 107 ligações domiciliares. A Sanepar vai investir R$ 590.000,00 para adequar as instalações existentes ao modelo da empresa.

Quando há interesse do município e existe viabilidade técnica a empresa pode assumir os sistemas das sedes de distritos administrativos com o objetivo de estender os benefícios da tratada para mais paranaenses. “A missão da Sanepar é levar água com qualidade para a população”, diz o gerente geral da Sanepar, Renato Mayer Bueno,

A data de transição será definida em conjunto entre a Companhia de Saneamento do Paraná e os municípios parceiros, até o próximo mês.´´

Extraido de http://tratamentodeagua.com.br/R10/Noticia_Detalhe.aspx?codigo=24095

Frustração de expectativa de contratação gera direito a indenização (Fonte: TRT 3ª Reg.)

´´O descumprimento de promessa de contratação, frustrando as expectativas do trabalhador, causa dano moral e gera o direito a indenização. Assim entendeu a 4ª Turma do TRT-MG, ao confirmar a decisão de 1º Grau que condenou a empresa Gerdau Açominas S.A a pagar indenização a uma trabalhadora que tinha a expectativa de ser contratada como trainee .

Ao analisar o processo, o relator do recurso, juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho, verificou que a empresa havia firmado uma proposta com a reclamante de contratá-la como trainee. Contudo, a promessa não foi cumprida. Para o julgador, a reclamada deveria ter comunicado sobre a possibilidade de não contratação. Mas ao gerar a expectativa do contrato e frustrá-la em seguida, causou danos morais à trabalhadora.

A defesa tentou se justificar com a tese de "crise mundial", argumento não acatado pelo julgador. Para ele, nada justifica a lesão à honra e à dignidade pessoal da reclamante. A responsabilidade civil foi reconhecida pelo desrespeito à boa-fé sobre as negociações preliminares (artigos 186 e 422 do Código Civil).

Nesse contexto, a Turma julgadora entendeu que a conduta da reclamada feriu a honra e a dignidade da trabalhadora, mantendo a indenização por dano moral, fixada pela sentença em R$10.000,00.
( 0000905-48.2011.5.03.0054 RO )´´

Hipoteca judiciária pode ser utilizada para garantir pagamento de dívidas trabalhistas (Fonte: TST)

´´A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de recurso do Banco ABN AMRO Real S.A. e manteve a hipoteca judiciária sobre bens da instituição para garantir, em caso de condenação final, o pagamento de ação ajuizada por um ex-empregado. O banco queria anular a hipoteca com a alegação de que ela foi feita ex officio por determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) e sem a oportunidade de manifestação da instituição. Além disso, alegou que a hipoteca, instituída pelo artigo 466 do Código de Processo Civil (CPC), não poderia ser utilizada no processo do trabalho por ser incompatível com o depósito judicial, realizado para garantir o recurso.

O relator, ministro Fernando Eizo Ono, ressaltou que o TST firmou entendimento no sentido de que é cabível, na Justiça do Trabalho, a decretação da hipoteca judiciária para garantia da execução, inclusive de ofício. Para o ministro, a hipoteca judiciária não entra em conflito com o Direito Processual do Trabalho, pois minimiza a ocorrência de execuções frustradas, ao garantir que o bem não seja negociado antes da decisão final do processo, e está em sintonia com a celeridade inerente à Justiça do Trabalho.

No julgamento anterior, o Tribunal Regional negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo banco e declarou ex officio a hipoteca judiciária sobre os bens, na quantia suficiente para a garantia do pagamento das dívidas. O TRT também facultou ao ex-empregado a liberação dos depósitos existentes no processo no limite de até 60 salários mínimos (artigo 475-O do CPC).

No entanto, a Quarta Turma do TST acolheu recurso do banco e excluiu a liberação do depósito. De acordo com o ministro Eizo Ono, o artigo 899 da CLT já disciplina o assunto ao determinar que essa liberação só ocorra após o processo transitar em julgado (sem mais possibilidade de recurso), não havendo necessidade de utilização do CPC no caso.

(Augusto Fontenele/CF)

Processo: RR - 20000-66.2008.5.03.0055´´

Prescrição bienal não se aplica a trabalhador autônomo (Fonte: TRT 3ª Reg.)

´´O prazo prescricional de dois anos para o ajuizamento de ações trabalhistas, prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, não se aplica nos casos de relação de trabalho autônomo, mas apenas quando a relação é de emprego. Assim, em caso de prestação de serviço autônomo, vale a prescrição de cinco anos estipulada no artigo 206, parágrafo 5º, inciso II, do Código Civil. Com este entendimento, a 7ª Turma do TRT-MG, acompanhando o voto do juiz convocado Antônio Gomes de Vasconcelos, acolheu o recurso de um eletricista autônomo e afastou a prescrição total que havia sido acolhida na sentença.

O reclamante pediu o arbitramento e pagamento de serviços de eletricista prestados à reclamada. Como a relação mantida pelas partes havia terminado mais de dois anos antes do ajuizamento da ação, o juiz sentenciante entendeu que o pedido estava prescrito. O eletricista discordou, alegando se tratar de prestação de serviços autônoma, regida pelo Código Civil.

O argumento do trabalhador foi acatado pelo juiz relator. Em seu voto, ele lembrou que a Emenda Constitucional 45/04, ao dar nova redação ao artigo 114 da Constituição Federal, ampliou a competência da Justiça do Trabalho para incluir as ações decorrentes da relação de trabalho, e não apenas da relação de emprego. Com isto, o direito de ação perante a Justiça do Trabalho passou a alcançar também os prestadores de serviço autônomos.

O magistrado observou que não houve relação de emprego entre as partes. Na sua visão, o fato de a ação ser julgada pela Justiça do Trabalho não exclui a aplicação dos prazos prescricionais previstos nas leis específicas que tratam da prestação de serviços autônomos. Por isso, a prescrição trabalhista não se aplica ao caso, já que a alteração da competência não modifica as regras de prescrição próprias de cada instituto. "Ao apreciar ação cuja origem é a relação de trabalho autônomo, o julgador deve aplicar a legislação civil ou comercial própria daquela relação de direito material" , explicou.

Com base nesse posicionamento, a Turma julgadora reformou a sentença para afastar a prescrição bienal acolhida pelo juiz de 1º Grau e determinou o retorno do processo à Vara de origem para julgamento dos pedidos feitos pelo eletricista.
(0000812-10.2011.5.03.0079 RO ) ´´

Cemig vai fornecer energia a operações da Gerdau (Fonte: Jornal da Energia)

´´A mineira Cemig assinou na manhã desta segunda-feira (13/2) um contrato de fornecimento de energia elétrica para as unidades industriais da Gerdau localizadas nas regiões Sudeste e Sul do País. Pelo acordo firmado, a companhia deverá entregar à empresa do setor de aço montantes de 30 a 70 MWmédios até 2021.

Em comunicado enviado à imprensa, a Cemig destaca que "a assinatura desse contrato é a confirmação da confiança mútua e da parceria entre as empresas".

Estiveram presentes na cerimômia de oficialização do negócio o presidente da Cemig, Djalma Bastos de Morais; o diretor comercial, José Raimundo Dias Fonseca e o superintendente de prospecção e relacionamento comercial com clientes corporativos, Eduardo Costa Vasconcelos. Já a Gerdau foi representada pela gerente-geral de energia, Cláudia Silvia Zanchi Piunti.´´

Extraido de http://www.jornaldaenergia.com.br/ler_noticia.php?id_noticia=9044&id_secao=13&titulo_info=Cemig%20vai%20fornecer%20energia%20%26agrave%3B%20Gerdau 

"Magistrados fecham posição contra previdência única para servidores" (Fonte: Valor Econômico)

"Valor Econômico - 14/02/2012

Caso seja aprovado pelo Congresso, o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp) deve ser questionado no Supremo Tribunal Federal (STF), que vai dar a última palavra sobre o assunto.

As três associações mais importantes da magistratura - a Ajufe (juízes federais), a AMB (magistrados brasileiros) e a Anamatra (magistrados da Justiça do Trabalho) - fecharam posição contrária ao texto que está em discussão na Câmara.

Para as entidades, o texto é "flagrantemente inconstitucional". De início, elas apontam que o debate sobre o fundo não chegou a detalhes com o Judiciário. "A referida proposição legislativa vem sendo encaminhada pelo governo federal sem o amadurecimento de debate democrático com setores representativos das classes potencialmente atingidas", diz a nota conjunta assinada pelos presidentes da Ajufe, Gabriel Wedy, da AMB, Nelson Calandra, e da Anamatra, Renato Henry Sant"Anna.

O projeto do Funpresp foi discutido em duas reuniões no STF, em novembro, com a presença de autoridades do governo, como o ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, e de ministros do tribunal, como Marco Aurélio Mello.

Para as entidades, o projeto não resolveria o déficit da Previdência. As associações de juízes defendem a manutenção de previdência pública, sem a participação de fundos com capital privado. Elas alegam que a Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser descumprida, caso seja aprovado o Funpresp, pois alguns estados podem não dar conta de pagar aos seus servidores.

Numa objeção legal ao fundo, as entidades contestam a aprovação de uma lei ordinária para reger a previdência dos magistrados. "O regime de previdência da magistratura não pode ser tratado por lei ordinária, o que desafia, em caso de inclusão dos membros do Poder Judiciário no referido projeto, questionamentos perante o STF."

Por trás das objeções constitucionais ao fundo e da ameaça de levar o caso para o Supremo, há uma questão meramente financeira. Os juízes não querem participar do mesmo fundo em que estariam os demais servidores públicos. Isso porque o Funpresp tende a ser mais vantajoso para os servidores do governo federal que recebem salários mais baixos. Já os juízes recebem salários próximos ao teto do serviço público, de R$ 26,7 mil, e temem sair perdendo se ficarem sujeitos às mesmas regras e ao mesmo fundo de outros funcionários públicos.

A oposição ao Funpresp foi mais uma movimentação coordenada das três entidades. Desde que o STF anunciou que iria julgar os poderes do Conselho Nacional de Justiça, em setembro do ano passado, a Ajufe, a AMB e a Anamatra passaram a definir posições corporativas conjuntas. As associações fecharam questão contra a possibilidade de o CNJ abrir investigações diretamente contra juízes suspeitos de corrupção. A AMB entrou com ação no STF para barrar esse tipo de investigação, mas foi derrotada por seis votos a cinco, há duas semanas.

As três entidades também contestaram o fato de a Corregedoria do CNJ ter obtido dados sobre movimentações financeiras de valores atípicos por magistrados. Para elas, o CNJ estaria quebrando o sigilo bancário de juízes, o que seria inconstitucional.

Por fim, elas defendem a aprovação de um novo teto salarial para pelo menos R$ 30,6 mil, o que elevaria os salários dos juízes. Mas, o governo é contrário ao reajuste, já que ele custaria R$ 7,7 bilhões anuais aos cofres públicos. A não aprovação do reajuste do Judiciário é uma derrota contínua das associações.

Hoje, o Executivo tenta acelerar a tramitação do projeto que cria o Funpresp, que foi interrompida na semana passada por decisão do presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS). A ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, participa do almoço semanal dos líderes dos partidos aliados da Câmara, onde deve verificar se há clima para a Casa votar a proposta nos próximos dias e reiterar que a mudança do regime de previdência dos servidores públicos é uma das prioridades legislativas do governo federal. No entanto, apesar do interesse do governo Dilma Rousseff em ver a proposta aprovada o mais rápido possível, a presidente sinalizou que não aceitará ficar refém do Congresso por causa da votação do projeto."

Trabalhador que não conseguiu transferir veículo recebido em acordo receberá indenização (Fonte: TRT 3ª Reg.)

´´Um reclamante ajuizou reclamação trabalhista contra uma empresa em 2003. Após longo percurso judicial e já na fase de execução, em setembro de 2006, celebrou um acordo judicial, no qual o executado se comprometeu a pagar determinada quantia em dinheiro e confirmou a transferência de um veículo que havia sido anteriormente adjudicado pelo trabalhador. O certificado de registro do automóvel, devidamente assinado, foi entregue ao reclamante.

A partir desse ponto, contudo, começou a via crucis do trabalhador. Vários impedimentos judiciais, vindos de outras jurisdições, impediam a concretização da adjudicação e do acordo. Diversos ofícios foram enviados com o objetivo de obter o cancelamento dos impedimentos e restrições do veículo, mas nada se resolveu. Uma Vara Cível sequer respondeu aos ofícios. O Detran esclareceu que somente o sistema próprio poderia gerar o cancelamento, mas isso teria de ser feito pela autoridade que determinou o impedimento. A formalidade técnica impediu até mesmo a atuação da Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho. E como a Vara Cível não respondeu aos ofícios, nem mesmo o conflito positivo de competência pôde ser suscitado. O reclamante se viu com mãos e pés atados.

Foi nesse contexto que o trabalhador decidiu ajuizar uma ação pedindo indenização por dano moral e material. E o juiz Marcelo Furtado Vidal, titular da 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, lhe deu razão parcial. Na sua visão, a conduta do reclamado gerou danos morais, mas não materiais. A condenação foi de R$20.000,00.

Na sentença, ele explicou que o reclamado deu a entender no acordo que tomaria todas as providências para a efetivação da transferência do veículo, quitando todas as pendências. Entretanto, não foi isso o que ocorreu. Agindo com evidente má-fé, o reclamado ocultou que era réu em diversas outras ações judiciais que impediriam a concretização do acordo. Na prática, o reclamante passou a ter um veículo que, juridicamente, não lhe pertencia. O trabalhador ficou condenado a utilizar o automóvel para sempre, sem poder vendê-lo, até que o envelhecimento viesse a impedir sua utilização.

Em sua defesa, o reclamado afirmou que não tinha nada com isso. "Tem sim" , registrou o juiz na sentença. É que o artigo 422 do Código Civil prevê que os contratantes devem observar os princípios da probidade e boa-fé. Já nos termos do artigo 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez, o artigo 187 dispõe que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

"O Réu, como Pilatos, lavou as mãos. Não atendeu aos chamamentos judiciais e nem mesmo compareceu em diversas audiências de conciliação no processo de execução para as quais foi intimado para resolver a pendência" , frisou o magistrado. Por esses fundamentos, o ex-empregador foi condenado a pagar indenização pelos danos morais sofridos pelo trabalhador. O dano material, todavia, não foi reconhecido pelo juiz, ao fundamento de que o reclamante, na posse do veículo, tira proveito de sua utilização. Não foi interposto recurso. 
( nº 00760-2011-016-03-00-7 )´´

SDI-1 afasta dispensa por justa causa de Júnior Baiano pelo Inter (Fonte: TST)

´´ A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho manteve, por maioria, decisão da Segunda Turma que havia descaracterizado a justa causa na dispensa do jogador de futebol Raimundo Ferreira Ramos Júnior, conhecido profissionalmente como Júnior Baiano, do Sport Club Internacional de Porto Alegre (RS), ocorrida em 2002. Com a decisão, o clube deverá pagar as verbas rescisórias relativas à dispensa do atleta.

Entenda o caso

Na inicial da reclamação trabalhista, Júnior Baiano disse que foi contratado pelo Internacional, por tempo determinado, pelo período de janeiro de 2002 a dezembro de 2002, com salário à época de R$ 25 mil. Narrou que, em agosto de 2002, teve que comparecer a uma audiência na 1ª Vara de Família da Santana (SP) e que, apesar de o Internacional haver comunicado ao juízo que ele não poderia comparecer, pois tinha jogo marcado pelo Campeonato Brasileiro para a mesma data às 21h no Rio de Janeiro, o juízo não o teria dispensado, ficando obrigado, dessa maneira, a comparecer à audiência.

Segundo o atleta, após o término da audiência, que começara às 14h15, viajou para o Rio de Janeiro e dirigiu-se ao estádio do Maracanã para participar do jogo. Devido a problemas com o tráfego aéreo, teria chegado "um pouco atrasado para a preleção do técnico". Apesar disso, alegou que fora relacionado para a partida, ficando no banco como reserva.

Após a partida, o jogador disse que não retornou ao hotel, pois teria ido visitar sua família, juntamente com outro atleta do Internacional. No dia seguinte, ao final da manhã, teria se reapresentado ao clube já em Porto Alegre (RS). Naquele mesmo dia, seu procurador teria recebido documento do presidente do Internacional comunicando sua dispensa por justa causa. Ingressou então com reclamação trabalhista pedindo a reversão da justa causa, verbas trabalhistas e dano moral pelo ocorrido. Dava à causa o valor de aproximadamente R$ 262 mil.

O Internacional alegou, em sua defesa, que o atleta teria comparecido à audiência na Vara de Família a despeito da comunicação feita ao juízo e saído do local às 14h50, momento em que deveria pegar a primeira ponte aérea para juntar-se ao resto dos atletas no Rio de Janeiro. Segundo o clube, Júnior Baiano só teria se apresentado 30 minutos antes da partida e perdido a preleção feita pelo técnico, ficando dessa forma fora do jogo.

Depois, ainda segundo o clube, ele teria abandonado a delegação e se retirado sozinho do Maracanã, sem comunicação, não retornando ao hotel onde estava hospedada a delegação. No dia, seguinte também não teria se apresentado no aeroporto para o retorno a Porto Alegre para concentrar-se com a equipe para jogar no fim de semana. Apresentou-se sozinho no dia seguinte e foi demitido por justa causa por insubordinação, indisciplina e desídia.

Justiça do Trabalho

A Sétima Vara do Trabalho de Porto Alegre descaracterizou a justa causa e condenou o Internacional ao pagamento de quatro salários pela metade, relativos ao restante do contrato de trabalho, acrescidos das verbas rescisórias. Quanto ao dano moral, entendeu-o caracterizado e condenou o clube ao pagamento de R$ 100 mil.

Ao julgar o recurso do Internacional, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) entendeu que a atitude o atleta caracterizava "grave inexecução contratual, além de indisciplina e insubordinação". Dessa forma, reformou a sentença e absolveu o clube do pagamento das verbas rescisórias. Retirou também a condenação ao pagamento de dano moral ao atleta.

Da decisão regional, Júnior Baiano recorreu ao TST. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, que restabeleceu a sentença que condenava o clube. Na Turma, o relator do recurso, ministro Horácio de Senna Pires, então juiz convocado, observou não ser possível caracterizar a desídia em fatos "tão isolados". Salientou ainda que a falta a apenas um treino e as dúvidas quanto à comunicação aos superiores "desautorizam a caracterização de insubordinação e indisciplina" alegadas.

O Internacional recorreu à SDI-1 alegando que a Turma, ao conhecer do recurso de revista do atleta, teria reexaminado e reavaliado as provas, procedimento vedado pela jurisprudência do TST (Súmula nº 126). A seção especializada, porém, seguiu por maioria voto do relator, ministro Lelio Bentes Correa, no sentido de que a Turma, ao examinar os fatos apresentados pelo Regional, não teria reexaminado o "conjunto fático-probatório", mas sim dado um novo enquadramento jurídico ao caso. Para o relator, a Turma teria agido corretamente ao afastar a justa causa, não ficando demonstrado que a falta por parte do atleta não seria tão grave ao ponto de justificar a atitude tomada pelo clube.

Ficaram vencidos os ministros João Batista Brito Pereira e Maria Cristina Peduzzi.

(Dirceu Arcoverde/CF)

Processo: RR-112140-52.2002.5.04.0007´´