quarta-feira, 19 de junho de 2013

La extensa huelga que complica al poderoso directorio de Concha y Toro (Fonte: El Mostrador)

"El marido de la ministra del Trabajo y ex consejero del Banco Central, Jorge Desormeaux; el ex presidente de la CPC, Rafael Guilisasti, y el ex ministro de Hacienda, Sergio de la Cuadra, forman parte del influyente grupo que dirige la compañía que en 2012 obtuvo una utilidad neta de más de $ 30 mil millones. Desde hace 43 días 500 trabajadores han protagonizado bloqueos y movilizaciones en medio de una negociación que ha tenido avances pero cuya piedra de tope es el sueldo base mínimo que exigen los trabajadores: 300 mil pesos.
Los tres tipos de tours que ofrece la Viña Concha y Toro en Pirque, incluyen la visita a El Casillero del Diablo, la bodega que da el nombre a la marca de vino más famosa de la viña y que forma parte de los auspiciadores del equipo de fútbol inglés, Manchester United.
Al llegar a la bodega, el guía cuenta la conocida leyenda: el fundador de la viña, Don Melchor de Concha y Toro, inventó hace más de cien años que el Diablo se aparecía en el lugar, rumor que sirvió para mantener alejados a posibles ladrones.
Pero desde hace más un mes la viña no recibe visitantes que escuchen la historia. Esto, como consecuencia de la huelga que más de 500 trabajadores iniciaron hace 43 días, que obligó a la suspensión de los recorridos turísticos.
Desde la empresa aseguran que los efectos de la huelga “se van a ver después. La planta no ha dejado de funcionar ni un solo día a pesar de los bloqueos. Se ha producido a un nivel más bajo, pero no se ha paralizado la planta”.
Esta versión contrasta con la del Sindicato Unificado de Viña Concha y Toro de Pirque. “Siempre van a decir eso para afuera, pero ellos nos reconocieron en una mesa que tenían problemas con la producción y que se les habían caído pedidos. De repente producen, pero es el mínimo y no es constante”, señala el presidente del sindicato, César Cerna.
Entre las demandas del Sindicato Unificado de Concha y Toro, se cuenta un sueldo base mínimo de 300 mil pesos y el bono por término de conflicto, los dos puntos que han estancado las negociaciones.
LOS HOMBRES DE CONCHA Y TORO
Concha y Toro es la compañía que lidera las exportaciones de vinos chilenos llegando a más de 135 países. Durante 2012 obtuvo un total de $ 450 mil 545 millones por ventas, y más de $ 30 mil millones de utilidad neta. El directorio de la viña está compuesto por selectas personalidades empresariales con vínculos en el mundo político.
Entre ellos, el marido de la ministra del trabajo, Evelyn Matthei, y ex consejero del Banco Central, Jorge Desormeaux, quien fue designado por AFP Provida en el directorio.
En el cargo de vicepresidente se encuentra Rafael Guilisasti, ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entre 2008 y 2010, y actual consejero electivo de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), de la que fue vicepresidente entre 2005 y 2011. En la actualidad el empresario es el representante del Presidente de la República, Sebastián Piñera, en el consejo de Corfo.
Asimismo es uno de los principales empresarios que financian la campaña presidencial de Andrés Velasco. Según la información publicada en la página del ex titular de Hacienda, el ex MAPU ha contribuido con 25 millones a su campaña presidencial.
También integra el directorio su hermano Pablo Guilisasti, primo de la alcaldesa de Providencia Josefa Errázuriz. Además de su participación en el directorio de la Viña, Pablo es director y vicepresidente de Frutícola Viconto, empresa productora y exportadora de frutas y verduras frescas y congeladas.
Otro de los miembros del influyente directorio es Sergio de la Cuadra, Chicago Boy que fue ministro de Hacienda de Augusto Pinochet por cinco meses en 1982 y ex presidente del Banco Central (1981-82).
En tanto, el presidente del directorio de Concha y Toro es Alfonso Larraín Santa María, consejero de la Cámara de Comercio de Santiago y cuya carrera empresarial está vinculada a la viña desde 1969.
DEMANDAS LABORALES
El Sindicato Unificado de Viña Concha y Toro de Pirque está compuesto por 531 trabajadores, que representan el 90 % del brazo laboral operativo de Santiago, donde se produce el embotellamiento de la producción de exportación. En total la empresa emplea a 2.200 personas en la capital.
Su principal demanda es un reajuste salarial del 15 %. Esto para establecer un piso de sueldo base mínimo de $ 300 mil. César Cerna, presidente del sindicato, explica que actualmente existen diferencias entre el sueldo base de los trabajadores, ya que “hay algunos que ganan el sueldo mínimo, otros ganan $ 210 o $ 230 mil. Si a eso le sumas los bonos, llegas a los 250 o 260 mil pesos, lo que es muy bajo para la envergadura de la compañía”.
Los trabajadores demandan igualmente una participación en las utilidades anuales que genera la empresa, solicitando un 1,5 de sueldo base adicional al año por este concepto. Durante 2012, Concha y Toro obtuvo una utilidad neta de $ 30.022 millones.
Además, demandan el reconocimiento de los años de servicio, porque “a la gente contratada antes del año ‘80 se les pagan años de servicio pero al resto se le pagan el tope legal de 11 años. Queremos que no se considere tope legal”, explica el sindicalista. El último punto es el bono por término de conflicto.
Según explica Cerna, el total de sus peticiones implicaría un gasto para la compañía de 2 mil millones de pesos a dos años, “lo que es una parte ínfima de sus utilidades”.
LAS NEGOCIACIONES
El 8 de mayo empezó la huelga efectiva. A los quince días de su inicio se abrió una mesa de negociación. “Fueron reuniones muy buenas: hubo un plan de acercamiento. Antes no habíamos tenido ningún contacto. Creo que la empresa sintió los efectos de la huelga, decidieron revisar los puntos y se empezó a avanzar bastante con el contrato”, comenta Cerna.
Durante nueve días las negociaciones fueron avanzando, pero el 6 de junio pasado “la empresa presentó una oferta que rechazamos en un 95 %. No se llegó a acuerdo y las conversaciones se cerraron”.
El viernes pasado Concha y Toro presentó una nueva oferta, la que fue rechazada por el sindicato.
Actualmente las partes llegaron a un acuerdo en dos de los cuatro puntos: participación en las utilidades a fin de año y reconocimiento por los años de servicio.
El reajuste salarial del sueldo base y la cifra por concepto de bono de término de conflicto son los dos temas que han bloqueado las negociaciones. “Hicimos una petición formal el día sábado. Ahora estamos esperando respuesta”, dice Cerna."

Fonte: El Mostrador

Seminário proposto pelo Sindilegis sobre teletrabalho será realizado na Câmara (Fonte: SindiLegis)

"A Comissão de Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realizará na próxima quarta-feira (26), o seminário “Teletrabalho no Brasil”, proposto pelo Sindilegis.
O teletrabalho permite ao trabalhador executar suas tarefas diárias em casa, ou de qualquer outro lugar, de onde possa enviar a produção para seu chefe.
Desde 2009, o Tribunal de Contas da União aderiu ao teletrabalho, possibilitando aos servidores o desenvolvimento de suas atividades fora do Tribunal.
Para o setor privado, apesar de já ser utilizado há anos, em 2011, uma Lei determinou não haver distinção entre trabalho realizado dentro ou fora das dependências das empresas, mas não estabeleceu regras para pagamento de horas extras e adicionais noturnos.
A Convenção 177 de 1996 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, já havia conceituado o “trabalho em domicílio”, que ainda não foi ratificada pelo governo brasileiro.
Para discutir estes e outros assuntos sobre o teletrabalho, o Sindilegis propôs ao Congresso Nacional a realização de seminários sobre o tema.
Estude o assunto. Compareça!
Serviço:
Seminário Teletrabalho no Brasil
Data: 26 de junho de 2013
Hora: 14:30
Local: Plenário 3 – Anexo II – Câmara dos Deputados"

Fonte: SindiLegis

Jardineiro em licença médica vai trabalhar como gari e perde o emprego (Fonte: TST)

"A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) restabeleceu a pena de dispensa por justa causa aplicada a um trabalhador que apresentou atestado médico em um emprego e prestou serviços em outro no mesmo período. A Turma entendeu que houve quebra de confiança na relação contratual.
Jardineiro, ele foi demitido em 2011 pela Assessoria e Consultoria de Pessoal Ltda. – Proserv após a empresa ouvir boatos de que, acometido de dores lombares e em licença médica, o trabalhador prestava normalmente serviços de lixeiro em outro emprego. Para a Proserv, o caso foi de improbidade, enquadrando-se no artigo 482, alínea "a", da CLT. Em sua defesa, o empregado garantiu que estava na outra empresa, mas sem trabalhar, em "reserva".
Para a juíza da 2ª Vara do Trabalho de São José (SC), pouco importava que o empregado tivesse ficado na reserva noutro trabalho, pois "esteve à disposição do segundo empregador quando se dizia doente para prestar serviços na Proserv". Já o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) entendeu que aspectos como histórico funcional, grau de escolaridade e nível socioeconômico do trabalhador deveriam ter sido relevados para a reversão da justa causa. Ainda segundo o Regional, sequer foi possibilitado ao jardineiro comprovar que teria ficado na reserva no segundo emprego.
No TST, o relator do processo na Terceira Turma, ministro Alberto Bresciani, disse que a atitude do trabalhador gerou quebra de confiança contratual, e ressaltou que a segunda empregadora forneceu, a pedido da primeira, declaração de que ele prestou serviços normalmente no período do atestado. A Turma afastou por unanimidade a reversão da justa causa e manteve a penalidade aplicada pela empresa."

Fonte: TST

Walmart Canada aceitou receber remessas de roupas de fábricas banidas de Bangladesh (Fonte: @LabourStartCanE)

"Since the Rana Plaza building collapse killed more than 1,100 people in April, retailers have faced mounting pressure to improve safety at Bangladesh garment factories and to sever ties with manufacturers that don’t measure up.
The world’s largest retailer, Walmart, last month released a list of more than 200 factories it said it had barred from producing its merchandise because of serious or repeated safety problems, labor violations or unauthorized subcontracting.
But at least two of the factories on the list have continued to send massive shipments of sports bras and girls’ dresses to Walmart stores in recent months, according to interviews and U.S. customs records.
In June 2011, Walmart said, it banned the Bangladeshi garment factory Mars Apparels from producing goods for the retail giant. But over the last year, Mars has repeatedly shipped tons of sports bras to Walmart, according to U.S. customs records and Mars owners. The most recent shipment was in late May, almost two years after Walmart claims it stopped doing business with the Bangladeshi firm.
A second Bangladeshi clothing maker, Simco Dresses, was blacklisted in January but continued shipping to Walmart Canada into March.
Walmart spokesman Kevin Gardner said the Mars shipments were allowed because of confusion over whether Walmart’s standards applied. Mars didn’t produce garments with a Walmart house brand but instead with a Fruit of the Loom label. So, Gardner said, it wasn’t clear if Mars needed to meet Walmart’s standards or Fruit of the Loom’s.
Fruit of the Loom could not immediately be reached for comment.
As for Simco, orders that Walmart had already placed were accepted to lessen the impact on workers, Gardner said.
The shipments raise questions about Walmart’s ability to monitor its supply chain as well as its efforts to ensure decent working conditions in factories located in low-wage countries.
Interviews with Bangladeshi factory owners spotlight another potential problem: Walmart’s approach of publishing a blacklist with no further details might unfairly tar family businesses with minor violations.
International labor groups have been pressing retailers to sign an accord to pay for fire and building safety upgrades to Bangladesh factories. So far, several large retailers including H&M, Inditex and PVH Corp., which includes Tommy Hilfiger and Calvin Klein, have signed onto the agreement.
But many of the biggest retailers in the United States, including Walmart and Gap, have not. Instead, they are working on an alternative plan that they say will improve safety faster 2014 but that is not legally binding.
“We think the safety plan that we’ve put in place already meets or exceeds the [other] proposal and is going to get results more quickly,” Gardner said. “The point of the list is to get more accountability and transparency into our supply chain.”
Soon, he said, Walmart would also publish safety audits of its current suppliers in Bangladesh.
Dan Schlademan, a United Food and Commercial Workers leader who directs the union’s Making Change at Walmart campaign, said the shipments from barred factories show that Walmart’s program is hollow.
“It’s either a question of Walmart just telling people what they want to hear,” he said, “or it’s that Walmart has created a supply chain system that they have no control over.”
Making Change at Walmart initially provided the customs data. ProPublica verified the information and found other shipments using public data compiled by research firms serving the import-export industry.
Mars Apparels is a manufacturer of lingerie and sportswear in the port city of Chittagong. In the last year, the garment maker sent at least 22 shipments, totaling 80 tons, of sports bras through the Port of Newark, according to customs records compiled by Import Genius, a data consultant for the import-export industry. In each case, the customer was listed as “Walmart Stores” and the product mark as “Ariela-Alpha International,” whose brands include L.e.i. and Fruit of the Loom. (Ariela-Alpha did not return phone calls.)
Reached on a cell phone in Bangladesh, Shaker Ahmed, deputy managing director of Mars Apparels and the son of its founder, confirmed the customs data and said that the latest shipment went out last month. (Customs data show several May shipments in which the customer was listed as “WMR.”)
But Ahmed said that until contacted by ProPublica, he had never had any problems with Walmart or heard about its list of banned factories. He described Mars as a medium-sized garment manufacturer with less than 1,000 workers.
Ahmed said Mars has supplied Walmart for more than a decade, though since 2008 it has been making clothes for private labels such as Fruit of the Loom that are owned or licensed by an importer, which then supplies the clothing to Walmart.
When Mars was manufacturing clothing for Walmart brands, its factory was regularly audited by the company, Ahmed said. Walmart rates its suppliers green, yellow, orange and red, with green being the best and red the worst, he said. “We never received a rating below yellow.”
Since 2008, Ahmed said he has passed all audits by Fruit of the Loom, which uses the Worldwide Responsible Accredited Production program to inspect factories. Walmart said Mars didn’t meet all of its criteria, which it said is more stringent than WRAP’s. Ahmed said he welcomed Walmart to look at his factory and that the company is in the process of building a state-of-the-art facility.
Walmart accounts for a “very large” percentage of Mars’ business, Ahmed said. “If Walmart were to tell us they’re stopping production, if that were to happen, we would be destroyed. Our workers would be destroyed. We haven’t had a single incident in 19 years. We never had a problem. So that would be catastrophe.”
The other banned garment maker in the recent customs records, Simco Dresses, was blacklisted in January. The Import Genius records show three shipments of girls’ dresses in February and March to the Isfel Co. destined for Walmart Canada. Isfel didn’t return a call.
Customs records provided by another trade research firm PIERS show four more March shipments of knitted dresses and rompers, also destined for Walmart Canada.
The Bangladeshi press reported in January that Walmart had refused a shipment of women’s shorts from Simco after discovering unauthorized subcontracting to Tazreen Fashion, where a fire killed 117 people last year. Simco said at the time that Walmart’s ban could drive it into bankruptcy.
Simco’s managing director Muzaffar Siddique said his firm had subcontracted an order to an authorized Walmart supplier, which then sent the work to Tazreen without its knowledge.
Asked about the February and March shipments from Simco, Walmart spokesman Gardner said, “If it isn’t an egregious matter, we will accept goods produced under existing orders as part of our efforts to mitigate impact on the workers.”
Siddique contended that Walmart’s listing of his company is unfair and is damaging his family’s business. After the list was published, he said J.C. Penney canceled a $300,000 order for 500,000 pairs of pajamas.
“We are very upset about it,” Siddique said. “When I do business with you, it is like a doctor-patient relationship; there should be confidentiality. Walmart has no business going about publishing people’s names that it thinks are bad because that jeopardizes other business we are doing with our customers.”
Walmart is the only U.S. retailer to release a list of barred factories in Bangladesh. Gap, which also has a large presence in Bangladesh, said in a May statement that it has committed up to $22 million for factory improvements and that its stepped-up inspections have already led to some vendors upgrading their plants. But the company has said it would not sign on to the accord because of a provision that could allow victims of future factory accidents to sue the companies in U.S. courts.
Walmart, Gap and other large retailers are moving forward with developing an alternative safety plan with the help of former U.S. Sens. George Mitchell, D-Maine, and Olympia Snowe, R-Maine.
“We are committed to Bangladesh,” Gardner said. “We understand the role that we play in improving the livelihood of factory workers in that country. And improving the safety of those workers is very important to us.”
But Walmart’s approach of naming factories as “red-failed/unauthorized” has led to criticism in the Bangladeshi garment community that Walmart is trying to shift blame rather than serve as a partner.
“What Wal-Mart is doing at the moment is nothing but saving its own skin,” Reaz Bin Mahmood of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association told Reuters. “As a responsible business partner they should stay with us and help improve working conditions for the safety and security of workers.”"

Veterinário não ganha comissão sobre venda de cavalos em leilão que deu prejuízo (Fonte: TST)

"Por não receber comissões sobre venda de cavalos em leilão, o administrador de um haras em São Bento do Sapucaí (SP) alegou, em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), que o não pagamento dessas comissões implicou redução salarial. Segundo a Polana Rural Ltda., para quem ele trabalhava, o pagamento das comissões incidia sobre o valor líquido e ele não teria nada a receber, porque o resultado do evento foi negativo.
Ao examinar o caso, a Sétima Turma do TST não proveu o agravo do administrador, um veterinário com especialidade em equinocultura. O motivo foi a falta do chamado "prequestionamento", que impede o prosseguimento do recurso. Ou seja, o argumento de irredutibilidade salarial não foi utilizado no momento adequado – os primeiros embargos declaratórios contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) em recurso ordinário.
Prejuízo
As vendas dos animais no I Leilão Polana/VDL Sport Horses, ocorrido em abril de 2005 em parceria com o Haras VDL Sport Horses, da Holanda, ultrapassaram R$ 1 milhão, sobre os quais o administrador pediu o pagamento de comissões de 30%. O haras alegou que as comissões incidiam sobre o valor líquido das vendas, e não o bruto. Segundo a empresa, os animais foram importados e ela teria contratado profissionais para organizar e divulgar o evento, resultando em despesas maiores que a arrecadação.
A Vara do Trabalho de Pindamonhangaba indeferiu o pedido do administrador porque ele mesmo teria admitido, em depoimento em audiência, que as comissões seriam sobre o valor líquido. O juiz ressaltou que não era plausível que se tivesse estipulado uma comissão de 30% sobre o preço bruto de venda de cavalos, quando o haras gastou R$ 275,6 mil somente com frete dos animais. Além disso, testemunhas disseram que o veterinário não participou da venda nem indicou arrematantes.
Ao julgar recurso ordinário, o TRT de Campinas também negou o pedido, sem adotar tese específica sobre a questão da irredutibilidade salarial. Quando interpôs os primeiros embargos declaratórios, o ex-administrador não questionou isso na decisão regional. Só o fez na interposição dos segundos embargos.
TST
Ao analisar o agravo em agravo de instrumento, o juiz convocado Valdir Florindo, relator, explicou que a discussão sobre a matéria, levantada apenas nos segundos embargos, já se encontrava preclusa, ou seja, o administrador tinha perdido a possibilidade do exercício de ato processual por não tê-lo feito no período de tempo prescrito por lei. A Sétima Turma, então, negou provimento ao agravo, com base na Súmula 297, itens I e II, do TST, que trata do prequestionamento."

Fonte: TST

Avalanche de processos previdenciários (Fonte: Valor Econômico)

"Além das graves preocupações de ordem atuarial e financeira do INSS e da irreversível perda do bônus demográfico, a falta de idade mínima para aposentadoria pelo regime geral do INSS vem causando uma irracional avalanche de processos previdenciários na Justiça, agravando ainda mais o empanturrado (50 milhões de processos) e lento sistema judicial brasileiro.
A jurisprudência admite contagem de tempo de trabalho a partir dos 12 anos de idade, por consequência, tem sido possível aposentador-se pelo INSS com 47 anos de idade para homem e 42 para mulheres, nas atividades comuns. Na previdência privada há exigência de idade mínima de 55 anos. No regime dos servidores públicos a exigência é de até 65 anos. Em alguns países a idade mínima têm chegado a 70 anos..."

Íntegra: Valor Econômico

Prestadora de serviços terá de indenizar empregados dispensados próximo à data-base (Fonte: TST)

"Com o entendimento que o empregado demitido sem justa causa no período de 30 dias que antecede a data de sua correção salarial tem direito a indenização adicional equivalente a um salário mensal, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a empresa goiana LCA – Limpadora e Conservadora Aparecidense a indenizar um grupo de empregados que prestava serviços à Universidade Federal de Goiás – UFG e foi dispensado naquelas condições.
Os empregados ajuizaram a reclamação em janeiro de 2010, alegando que foram demitidos sem receber as verbas trabalhistas devidas, em decorrência da rescisão do contrato entre a empresa e a universidade. Além das verbas rescisórias, pediram a indenização prevista no artigo 9º da Lei 7.238/84 e na convenção coletiva de trabalho da categoria, por terem sido dispensados em dezembro de 2009, próximo à correção do salário da categoria, com data-base em 1º de janeiro. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) indeferiu a indenização, por falta de comprovação de que teria sido concedido aumento na data base.
Ao examinar o recurso dos trabalhadores, que sustentavam que a indenização é devida tão só pela dispensa havida no período de 30 dias que antecedem o início da nova data-base, o relator, ministro João Oreste Dalazen, deu-lhes razão. Ele destacou que, uma vez que, considerada a projeção do aviso prévio indenizado, os trabalhadores têm direito à indenização adicional de um salário, conforme estabelecem as Súmulas 182 e 314 do TST."

Fonte: TST

Ganhos indiretos, como vale-refeição, crescem mais nos acordos salariais (Fonte: Valor Econômico)

"As negociações salariais com data-base neste primeiro semestre têm conseguido, em geral, ganhos reais menores do que os do ano passado, principalmente devido à base elevada de 2012 e à inflação em alta. Com as margens mais apertadas neste ano, as categorias tentam compensar com o que os economistas chamam de salário indireto. A elevação generalizada nos preços dos alimentos e a demanda por mão de obra qualificada em alguns setores têm garantido reajustes de até 25% nos tíquetes-alimentação e ganhos em cláusulas sociais como auxílios para saúde, creche e compra de cesta básica.
O supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no Pará, Roberto Bentes, informa que os acordos fechados até maio no Estado conseguiram pelo menos recuperar a inflação do período. Em abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses chegou a 7,16%. Em 2012, na mesma comparação, o aumento do indexador era de 4,88%..."

Íntegra: Valor Econômico

Não havendo prazo estipulado, TAC firmado com MPT deve ser cumprido imediatamente (Fonte: TRT 3ª Região)

"O Ministério Público do Trabalho ajuizou ação de execução de Termo de Compromisso, visando a cobrança de multa estipulada para o caso de descumprimento da obrigação estipulada no TAC firmado entre o órgão e uma empresa do ramo da indústria e comércio. Segundo alegado, a obrigação foi firmada em 17/10/11 visando adequar as dependências do estabelecimento com relação às áreas de armazenamento de materiais, de forma a proporcionar condições seguras de trabalho para os empregados. Porém, por ocasião da inspeção realizada no local em 07/03/12, verificou-se que a obrigação não estava sendo cumprida.
A empresa, por sua vez, argumentou que a obrigação já foi cumprida. Considerando que não foi fixado prazo para o seu cumprimento, não poderia ser penalizada pelo pagamento da multa estipulada no TAC.
Analisando o caso, a 9ª Turma do TRT de Minas entendeu que a multa era cabível, mantendo a decisão atacada. Segundo explicou o relator do recurso, desembargador João Bosco Pinto Lara, a obrigação deve ser cumprida imediatamente quando as partes não fixarem outro prazo. "Ademais, mesmo que no Termo de Ajuste de Conduta não conste o prazo para o cumprimento da obrigação ali estabelecida, impõe-se o seu cumprimento imediato, mormente quando esta versar sobre a segurança das condições de trabalho dos empregados da empresa pactuante, eis que o art. 331 do CC, aplicado por força do artigo 8º da CLT, concede ao credor o direito de exigir o cumprimento imediato da obrigação em não tendo sido ajustado o limite temporal. Ademais, na esteira dos princípios constitucionais que regem a relação trabalhista, a segurança do trabalhador deve ser prioridade em qualquer empreendimento empresarial", frisou o relator.
Ele observou que cinco meses após a celebração do TAC a obrigação não havia sido cumprida, conforme restou constatado por ocasião da inspeção realizada pelo Analista Pericial em Engenharia da PRT3. Aliás, a adequação que a empresa deveria realizar ainda precisaria de mais um mês para ser implantada.
Nesse cenário, e examinando o disposto na cláusula segunda do TAC, o magistrado ressaltou que as medidas acordadas são de suma importância para a segurança dos empregados, fato esse que, no seu entender, conduz à razoável conclusão de que sua implantação deveria ocorrer de imediato e, por isso, não houve estipulação de prazo. "A corroborar essa conclusão está o relato do acidente ocorrido com um dos empregados, com fratura exposta e lesão de feixe neuro-vascular de membro inferior esquerdo, provocado por deslocamento de seção de bobina no galpão da empresa executada, conforme consta do Laudo Técnico de Análise de Acidente de Trabalho" , acrescentou.
Assim, acompanhando o voto do relator, a Turma entendeu pela inevitabilidade da incidência da multa, ante o descumprimento do TAC. "Ademais, ainda que assim não fosse, é razoável, tendo em vista o risco de acidente a que os empregados estiveram expostos por longos seis meses e que, se não fosse a inspeção do PRT3, quiçá essas medidas de segurança ainda não estariam implementadas", finalizou o relator."

Fonteles renuncia à Comissão da Verdade (Fonte: Correio Braziliense)

"O ex-procurador-geral da República Cláudio Fonteles não faz mais parte da Comissão Nacional da Verdade. Ele renunciou ao cargo a que tinha sido indicado pela presidente Dilma Rousseff, alegando "razões pessoais". Fonteles não escondeu que enfrentou divergências internas no grupo, mas alegou que os desentendimentos não pesaram na sua decisão de deixar o colegiado.
"É irreversível. Considerei realmente que o meu trabalho na Comissão da Verdade cumpriu-se, chegou ao fim. Então, entendi, por razões estritamente pessoais, que era o tempo de encerrar. Acho que já fiz um trabalho, participei de diversos debates no país, produzi 150 textos escritos. Tudo na vida tem o seu tempo. E esse foi o meu tempo", explicou Fonteles, em entrevista durante um ato realizado nesta terça-feira (18/6) contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Nº37, na Procuradoria-Geral da República..."

Empresa deverá ressarcir descontos irregulares feitos a título de contribuições confederativas (Fonte: TRT 3ª Região)

"É indevida a cobrança de contribuição confederativa de empregados não associados, por afrontarem o princípio da liberdade de associação e sindicalização, consagrados constitucionalmente nos artigos 5º, XX, e 8º,V, ambos da CR/88. Nesse sentido, decidiu a 1ª Turma ao manter a condenação da empregadora a ressarcir ao empregado os descontos efetuados a título de contribuições confederativas.
A empresa alegou que o desconto foi autorizado em negociação coletiva e que o reclamante nunca se opôs aos descontos efetuados no decorrer do contrato de trabalho. Mas esses argumentos não convenceram o relator do recurso, desembargador José Eduardo de Resende Chaves Júnior, que observou que a empresa não juntou aos autos nenhum instrumento coletivo nesse sentido. E a suposta aquiescência do empregado com os descontos também foi afastada pelo desembargador, considerando que o núcleo da discussão judicial apreciada era justamente a discordância do empregado com eles.
O relator se amparou na firme jurisprudência no sentido de não mais conferir validade às normas que estipulam cobrança compulsória de contribuições dos empregados, em favor dos entes sindicais, citando o Enunciado 666 do STF que assim dispõe: "A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo."
No mesmo sentido a Orientação Jurisprudencial n. 17, da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho: "As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização, constitucionalmente assegurado, e, portanto, nulas, sendo passíveis de devolução, por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados".
Conforme frisou o relator, "além de não trazer aos autos a convenção coletiva, a reclamada não fez prova de que o reclamante fosse filiado ao sindicato da classe". O entendimento foi acompanhado pelos demais julgadores da Turma."

Uso de térmicas bate recorde, mesmo com quatro usinas desligadas (Fonte: Valor Econômico)

"O sistema elétrico nacional ainda depende fortemente da energia gerada pelas usinas térmicas (movidas a gás, óleo combustível, diesel e carvão), apesar de o governo ter anunciado, em maio, o desligamento de quatro unidades. Essas usinas possuíam um custo elevado de operação, em torno de R$ 1 mil por MWh, e aumentavam as despesas para assegurar o abastecimento energético do país.
Ainda assim, o despacho de termelétricas atingiu, no dia 13 de junho, um volume recorde neste ano, com a geração de 14.396 MW, afirma a comercializadora de energia Compass. A informação está contida no IPDO (informativo preliminar diário da operação), elaborado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).
Segundo Paulo Mayon, diretor da Compass, novas unidades entraram em operação no país, como a de Pecém e Parnaíba, o que explica o aumento na geração térmica este mês. O volume despachado na semana passada indica que praticamente todo parque térmico está ligado, afirma o executivo..."

Íntegra: Valor Econômico

Trabalho escravo, reincidência e perspectivas (Fonte: TST)

"Vinte e um milhões. Este é o número estimado de trabalhadores em regime de trabalho análogo à escravidão em todo o mundo. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e apontam também que 60% dos trabalhadores resgatados retornam à exploração. Como quebrar esse círculo representa hoje um dos maiores desafios das instituições que combatem o trabalho escravo no Brasil.
Na opinião de Lelio Bentes Corrêa, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), para romper esse círculo vicioso é necessário que haja simultaneamente o endurecimento das ações ao combate e repressão ao trabalho escravo. Ele acredita que a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n.º 57-A/1999 é fundamental. "Assim será possível punir de forma dura os exploradores do trabalho escravo", justifica.
A PEC 57 prevê a expropriação de propriedades nas quais for constatada a prática de trabalho escravo e sua destinação para reforma agrária ou uso social. Há mais de dez anos em tramitação no Congresso, ela volta a ser discutida nessa quarta-feira (19) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Embora já tenha sido aprovada anteriormente no Senado, a proposta terá de passar por nova votação devido a alterações introduzidas em 2004 na Câmara dos Deputados, quando foi incluída também a possibilidade de expropriação de propriedades urbanas.
Referência
O Brasil é referência na implantação de mecanismos de combate ao trabalho escravo, apesar de ter reconhecido oficialmente a existência de formas contemporâneas de escravidão em seu território apenas em 1995. Segundo especialistas, a eficácia dessas ações só está sendo possível pela articulação entre o governo brasileiro, a sociedade civil, o setor privado e os organismos internacionais. Ainda assim, são mais 40 mil brasileiros em situação análoga à de escravo.
A advogada Débora Neves, autora do livro "Trabalho Escravo e Aliciamento", explica que o ciclo começa e termina com o aliciamento ilegal de mão de obra. "O trabalhador resgatado não tem qualificação profissional e se vê em situação de extrema vulnerabilidade e sem alternativa de trabalho e renda", afirma. Isso contribui, segundo Débora, para que novamente seja submetido ao trabalho análogo ao de escravo.
Parcerias
O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), com apoio técnico da OIT, lançou em maio deste ano o programa Movimento Ação Integrada. A ideia é firmar parceria com entidades educacionais, empresas e associações para qualificar e contratar os trabalhadores resgatados e reinseri-los no mercado formal.
A presidenta do sindicato, Rosângela Rassy, explica que não basta resgatar, é preciso inserir os trabalhadores no mercado de trabalho, e para isso o passo inicial é a educação profissional. "É um olhar diferente e sensível dos auditores fiscais do trabalho para resgatar a cidadania de centenas de trabalhadores", defende. Rassy ainda afirma que a parceria com SESC, SENAC, SENAI e outras instituições é fundamental, a fim de possibilitar a formação profissional. Empresas privadas também poderiam contribuir oferecendo vagas para os empregados resgatados.
Lista suja e repressão
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) possui um cadastro de empresas e pessoas autuadas por exploração do trabalho escravo. Até janeiro, estavam na chamada "lista suja" do trabalho escravo 409 empregadores.
Na última semana, o TST julgou o caso de um fazendeiro do Paraná que teve seu nome incluído no cadastro. Em 2007, ele foi autuado por manter 26 trabalhadores sem registro, trabalhando na extração de pinus e corte de lenha e da utilização fraudulenta pelo empregador da figura de "gatos" que contratavam os trabalhadores. Hoje, o agropecuarista luta para excluir seu nome da lista. Incluídos no cadastro, os empregadores sofrem restrições na obtenção de crédito em instituições financeiras públicas, entre outras sanções.
Segundo Neves, para que o quadro atual do combate ao trabalho escravo avance, é necessário, além da repressão por meio dos resgates, que o Estado atue de forma preventiva, combatendo as causas do problema, direcionando o trabalho de fiscalização para o momento da arregimentação da mão de obra, regularizando a relação de emprego antes da chegada às fazendas, garantindo a manutenção do vínculo de forma lícita. "O ciclo do trabalho escravo somente será combatido de forma eficaz se o Estado conjugar o trinômio prevenção–repressão–reinserção social, com qualificação do trabalhador e alternativas de emprego e renda", argumenta.
Ministro Lelio Bentes defende PEC 57 como instrumento de combate ao trabalho escravo
O ministro Lelio Bentes Corrêa, do Tribunal Superior do Trabalho, atua, há anos, em frentes de combate ao trabalho em condições análogas às de escravo. Na condição de membro do Ministério Público do Trabalho, posteriormente de ministro do TST e, paralelamente, de integrante da Comissão de Peritos em Aplicação de Normas Internacionais da Organização Internacional do Trabalho, ele acompanha o problema de perto não apenas no Brasil, e defende o endurecimento das ações de combate àqueles que negam aos trabalhadores um trabalho decente. Aqui, ele fala sobre como evitar que os trabalhadores resgatados voltem às condições degradantes e coibir a ação de empregadores e arregimentadores de mão-de-obra.
Como quebrar o ciclo que leva 60% dos trabalhadores resgatados, segundo a OIT, a retornar à atividade?
O trabalho escravo se alimenta de dois nutrientes: a vulnerabilidade e a fragilidade econômica das vítimas e a perspectiva de impunidade do explorador. Para romper esse círculo vicioso, é necessário que haja simultaneamente o endurecimento das ações de combate e repressão, e para isso é fundamental que se aprove a PEC 57-A de 1999. Assim, será possível punir de forma dura os exploradores do trabalho escravo, com a pena de perdimento daquela propriedade. Ao mesmo tempo, é fundamental que haja investimentos massivos do governo nas zonas de baixo índice de desenvolvimento humano, que são as grandes fornecedoras desse tipo de mão de obra. Esse mapeamento já foi feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e é realmente uma questão de vontade política prover essas áreas específicas com alternativas de geração de trabalho e emprego que permitam aos trabalhadores adultos serem agentes de resgate de sua própria cidadania.
É possível explicar o retorno desses trabalhadores apenas pela falta de renda e de perspectivas, ou haveria aí também um componente psicológico e cultural?
Creio que não há uma justificativa psicológica ou cultural para que o trabalhador volte a uma situação em que ele já sabe que vai ser vítima, como "é cultura do local", "ele está melhor do que estaria em seu local de origem". Não penso que se possa cogitar de um elemento psicológico quando o trabalhador tem de optar entre comer ou não comer, alimentar ou não alimentar sua família. Não há margem numa situação como essa para se considerar qualquer manifestação espontânea desses trabalhadores; eles são vítimas de uma situação de exclusão econômica e social que infelizmente ainda não foi corrigida por meio dos necessários investimentos públicos e de programas de emprego e geração renda.
Essas pessoas vêm de comunidades extremamente pobres, não tiveram acesso à escolaridade ou a uma qualificação profissional eficiente, e que acabam encontrando nessas situações arriscadas a única chance de prover seu sustento e de sua família. Outro elemento que se alia a essa situação é a impunidade do explorador, e é justamente isso que permite que a estrutura se aproveite da fragilidade desses trabalhadores. Por um lado, há uma oferta de mão de obra passível de ser explorada, e por outro uma demanda de grupos que a exploram. Esses dois fatores se combinam e geram essa situação de retorno ao trabalhado escravo.
A cidadania seria o melhor antídoto?
Na medida em que se dá a essas pessoas acesso à educação, qualificação profissional que permita uma existência digna, elas mesmas serão os agentes de resgate de sua cidadania. É óbvio que em situações emergenciais, um trabalhador que acaba de sair de uma frente de trabalho explorado em regime de mão de obra escrava vai necessitar de algum tipo de assistência do Estado durante algum tempo. Mas esse tempo deve ser investido na elevação do seu nível educacional e no aprimoramento de sua qualificação profissional, para que ao final ele esteja em condições de ter acesso aos direitos inerentes à cidadania e de exercê-la plenamente.
No TST ainda não temos, a exemplo da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, uma comissão destinada ao trabalho escravo. Não seria a hora de criar essa comissão?
É interessante notar que o tema do trabalho escravo, contrariamente ao trabalho infantil, em que há ainda um número muito pequeno de casos na Justiça do Trabalho, tem sido objeto de ações, sobretudo ações civis públicas, promovidas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), e tem tido boa acolhida pelos juízes do trabalho. Um dos objetivos da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil é ajudar a construir e disseminar uma cultura de combate ao trabalho infantil. Creio que, quanto ao trabalho escravo, essa cultura já está muito bem assentada na nossa instituição. Prova disso são os relatórios da própria OIT que apontam a Justiça do Trabalho brasileira, juntamente com o MPT, como responsáveis pelas soluções mais criativas encontradas do mundo no combate ao trabalho escravo, como por exemplo, as indenizações por danos morais coletivos. Nós tivemos um caso na Primeira Turma, confirmando decisão que impunha multa de R$ 5 milhões para empresa reincidente na exploração do trabalho escravo. Claro, é perfeitamente possível constituir uma comissão de erradicação de trabalho escravo no TST, mas é necessário reconhecer que essa consciência da importância do combate ao trabalho escravo já está muito bem assentada na Justiça do Trabalho brasileira, em todas as suas esferas."

Fonte: TST

Sócio diretor responde por execução de multa administrativa por infração a lei trabalhista (Fonte: TRT 3ª Região)

"Os sócios diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias, como se extrai do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Esse dispositivo aplica-se às execuções da dívida ativa da Fazenda Pública de qualquer natureza, a teor do artigo 4º, §2º, da Lei 6.380/80.
Esse foi o entendimento adotado pela juíza Érica Aparecida Pires Bessa, em sua atuação na 5ª Vara de Uberlândia, ao julgar os embargos à execução fiscal apresentados pelos devedores em face da União Federal. Eles não se conformavam com a responsabilização do sócio de uma das devedoras, argumentando que não havia prova da prática de atos com excesso de poderes, infração à legislação tributária, contrato social ou estatuto.
Mas a juíza não lhes deu razão. Segundo esclareceu, ficou configurada a prática de atos com infração à lei, uma vez que se trata de execução de multa administrativa decorrente de infração à legislação trabalhista, o que é suficiente para inclusão do sócio no polo passivo."A responsabilidade dos sócios e diretores é evidenciada pelo não pagamento de multa administrativa aplicada por órgão de fiscalização do trabalho, em decorrência do descumprimento às normas de segurança e medicina do trabalho, o que implicou infração a NR 18.7.4, portaria 3032/90 e artigo 201 da CLT e embasou a solidariedade contra os Executados", frisou.
Reportando-se à legislação aplicável (artigo 135 do CTN c/c com o artigo 4º, § 2º da Lei 6830/80), a juíza destacou que, prevendo a legislação tributária a responsabilização dos sócios e diretores, não haveria como deixar de responsabilizar os sócios e diretores da devedora que incorreu em infração à legislação trabalhista.
Nesse contexto, concluiu pela legitimidade do sócio para a execução em face de sua responsabilidade pessoal e solidária. "Importante ressaltar, que o descumprimento de obrigação legal, relativa a fatos geradores contemporâneos à participação do sócio, torna este legitimado para a execução, ante a configuração de sua responsabilidade pessoal e solidária, decorrente da infração à lei"."

Comissão da Verdade: Após divergências, Fonteles deixa posto (Fonte: O Globo)

"Ex-procurador-geral defendia divulgação de revelações sobre crimes da ditadura militar
Divergências recorrentes com outros comissionados levaram o ex-procurador-geral da República Cláudio Fonteles a renunciar ao cargo na Comissão Nacional da Verdade. Depois de uma tensa e áspera reunião na presença de todo o grupo anteontem, a portas fechadas, Fonteles anunciou que deixaria o colegiado. O demissionário enfrentava resistência de parte dos colegas por dar publicidade às ações da comissão. Na conversa de segunda-feira, que durou o dia inteiro, ele disse que chegou ao limite de sua atuação e que não aguentava mais..."

Íntegra: O Globo