Declaratoria: Seminario Internacional Megaproyectos de energía y territorios indígenas (Fonte: Observatóro Frontera Sur De México)

"Los días 26, 27 y 28 de julio, en la Casa de la Cultura de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y en la ex hacienda del Gral. Charis Castro en la Colonia Álvaro Obregón, campesinos, pescadores, académicos, estudiantes, organizaciones y miembros de la sociedad civil, convocantes y participantes nos reunimos en un mismo espacio para compartir nuestros saberes y nuestras visiones para un mundo en el que el verde no se tiña de rojo y en el que la forma de vida que nos enseñaron a vivir nuestros padres y nuestros abuelos persista en el futuro.

Sabemos que las problemáticas de despojo del territorio y de los recursos naturales, a lo largo de América Latina y de nuestro país, corresponden a un capitalismo depredador y excluyente, que se materializa en la imposición de megaproyectos para la producción minera o de energía eléctrica en los territorios indígenas, como es el caso del despojo eólico en el Istmo de Tehuantepec. Estos megaproyectos, que representan extraordinarias ganancias para las empresas extranjeras y cuentan con la complicidad del gobierno federal, estatal y municipal, violentan los derechos de los pueblos a vivir desde su propia cosmovisión y amenazan con destruir su patrimonio biocultural.

El capitalismo corporativo, sumido en una grave crisis mundial debido a su voracidad, ha encontrado nuevas formas para justificar este despojo a los territorios indígenas: en todo el país, como en Centro y Sudamérica, enarbola el discurso del calentamiento global para imponer proyectos de generación de energía, eólicos, hidroeléctricos y biocombustible, presentando estos jugosos negocios, basados en la corrupción y el engaño, como proyectos verdes y de energía limpia que significan inversión para el desarrollo y la generación de empleos.

Frente a este engaño mayúsculo, categóricamente declaramos que no estamos en contra de la tecnología para generar energía mediante las fuentes renovables; pero sí rechazamos su uso a favor del lucro de las empresas y en detrimento de los pueblos y de su patrimonio biocultural. Y por esa misma razón también nos oponemos a la liberación de semillas transgénicas en el campo mexicano y a las empresas transnacionales que encabezadas por Monsanto amenazan nuestros maíces criollos.

En el Istmo cultivamos una raza única de maíz llamada zapalote chico (xhuuba huinii), con una domesticación de más de 2000 años, que significan 350 generaciones de abuelos y padres que le han permitido adaptarse a los fuertes vientos de la región. Esta raza de maíz es parte central de nuestra comunalidad al estar integrada en nuestra alimentación, nuestro trabajo, nuestros rituales, nuestra tierra y territorio. Por esto, exigimos al Estado mexicano no conceder los permisos para la siembra del maíz transgénico a nuestro país, que atenta contra el patrimonio de nuestros pueblos.

Reconocemos que para la defensa de nuestro territorio se requiere profundizar la incorporación de diversos actores de la sociedad civil y académicos en redes locales, regionales, nacionales e internacionales, a partir de una mirada interdisciplinaria e intercultural. Así como priorizar la revalorización de las prácticas comunitarias y de los conocimientos ancestrales, que son el fundamento de la vida de los pueblos indígenas.

En este seminario se manifestó especialmente la necesidad de fortalecer la participación de las y los jóvenes y las mujeres, ya que este proceso de resistencia y construcción de alternativas requiere de comunidades que generen instituciones comunitarias autónomas e incluyentes. Por esto, proponemos la creación de una asamblea de jóvenes y estudiantes, que tenga como tarea articularse con estudiantes de todos los niveles educativos, ya que ellos son los herederos de nuestro patrimonio biocultural y su formación debe incluir la importancia de la defensa de nuestros territorios.

Se estableció a través de un amplio debate que para fortalecer el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos, resulta fundamental fortalecer el derecho propio sin necesidad de la presencia del Estado, y hacer valer el respeto a los procedimientos de consulta y toma de decisiones en el ámbito comunitario, mismos que constituyen una práctica ancestral de los pueblos indígenas, así como luchar porque los resultados de estas consultas  sean considerados vinculantes.

En la medida en que los pueblos indígenas se encuentran insertos en un sistema legal, las instituciones comunitarias deben de integrar el litigio estratégico particular y general en los niveles local y regional. Por ello la consulta para el consentimiento previo, libre e informado debe constituirse como un proceso de verdadera participación en el que se define qué se va hacer, cómo se va hacer, quién lo va hacer y qué efectos va a tener; todo ello con información previa, de manera libre y sin acciones de mala fé.  De esta manera el derecho a la consulta previa, libre e informada debe ser una herramienta que se puede utilizar, si se requiere, como estrategia en el proceso de defensa y construcción de alternativas propias.

Frente al hecho de que las Manifestaciones de Impacto Ambiental aprobadas por la SEMARNAT resultan cuestionables, y dado que las compañías y el gobierno las realizan de manera interesada, sin tomar en cuenta los saberes ancestrales de la población y la importancia de la riqueza biocultural del Istmo de Tehuantepec, el seminario concluyó que una tarea prioritaria es la realización  de un estudio global y acumulativo de impactos ambientales en toda la región del Istmo de Tehuantepec identificada por su potencial eoloeléctrico. Para este fin, se propuso la creación de un grupo independiente, multidisciplinario y altamente calificado que contraste sus resultados y análisis con los estudios oficiales.

De entrada, considerando que la superficie potencialmente afectada alcanzará 6600 Km2, lo que representa casi el 40% del territorio del Istmo, se subrayó el hecho  de que el debilitamiento  de las actividades relacionadas con la forma de vida tradicional y de obtención de recursos como la pesca y el cultivo de la tierra,  significa una flagrante violación al derecho humano al trabajo, en la medida en que impactará en el desplazamiento forzado de la población. Por esta razón una de las líneas de trabajo inmediatas derivadas del seminario será fortalecer las estrategias legales que permitan establecer, documentar y cuantificar los mecanismos y niveles de violación  de los derechos de los pueblos indígenas.

Con la certeza de que a los pueblos y comunidades nos asiste la razón histórica en la defensa de nuestro territorio, declaramos el propósito de retroalimentar nuestras visiones y luchas para fortalecer un corredor de la resistencia contra los megaproyectos de despojo.

Además de fortalecer las alianzas y lazos fraternos con todas las organizaciones y colectivos que dentro de la región se oponen dignamente al despojo de nuestros territorios, declaramos nuestro interés de promover la organización de una red nacional e internacional de solidaridad con los pueblos en resistencia del Istmo de Tehuantepec. Como parte de las primeras acciones de esta red nos interesa intercambiar experiencias y coordinación de las policías comunitaria de Álvaro Obregón con las que existen en otras partes del país.

Compañeros y compañeras: La digna resistencia de los pueblos se ha mantenido pese a los gigantescos recursos que las empresas transnacionales y los gobiernos entreguistas han puesto en juego para doblegar la defensa de nuestro territorio y de nuestro modo de vida. El sentir de los participantes en este seminario es que ha llegado el momento de acompañar esta resistencia firme con una propuesta regional para que nuestros territorios florezcan a partir de nuestra propia visión de futuro, sustentada en la comunalidad y la autodeterminación.

Se trata de poner en la agenda inmediata, entre otros temas, la evaluación de los recursos naturales que encierran nuestros territorios y las posibilidades de ordenamiento para su manejo sustentable; pero también de empezar a trabajar sobre las vías para garantizar la producción alimentaria de base agroecológica en las comunidades.

Hemos defendido nuestro derecho a decirle NO al megaproyecto eólico de destrucción de la vida comunitaria y nuestro patrimonio biocultural. Emprendamos ahora la tarea de construir desde abajo y con la fuerza de las comunidades una propuesta propia: un plan alternativo de desarrollo para la región istmeña, que tenga como eje la reproducción y fortalecimiento de nuestros modos de vida, de nuestra cultura y nuestro territorio.

EXIGIMOS.

La suspensión del Proyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec,

La no criminalización  de los defensores de derechos humanos y  comunitarios.

La liberación de nuestros compañeros Alejandro Regalado Jiménez y Arquímedes Jiménez, quienes permanecen como rehenes en las cárceles del estado, por la resistencia contra el megaproyecto eólico.

Cese al hostigamiento y las ordenes de aprehensión contra del compañero Carlos Sánchez Martínez de la APPJ.

No más amenazas de muerte contra los compañeros y compañeras de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.

 NOS PRONUNCIAMOS:

Contra de la privatización del sector  energético en México y contra las reformas  educativa, energética, fiscal y hacendaria, que solo buscan profundizar la explotación del pueblo mexicano beneficiando a las multinacionales y la clase política nacional y una  burguesía entreguista.

LA TIERRA, EL MAR Y EL VIENTO NO SE VENDEN, SE AMAN Y SE DEFIENDEN

¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún el calor de la Tierra? Esta idea es desconocida para nosotros. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán ustedes comprarlo? Jefe Seattle>>

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Asamblea del Popular del Pueblo Juchiteco, Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar,  Asamblea de Álvaro Obregón, Policía Comunitaria “Gral. Charis”, Consejo de Ancianos de Álvaro Obregón, Comisariado de Bienes Comunales de San Mateo del Mar, Representantes de Bienes Comunales de Santa María Xadani, Movimiento de Resistencia Contra las Altas Tarifas de Santa María Xadani, Radio Comunitaria Stiidxa Guidxi de Santa María Xadani, Representantes de Bienes Comunales de Unión Hidalgo, Consejo Ciudadano Indígena Zapoteca de San Blas Atempa, Representación del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, Coordinadora de Colonias Unidas , Salina Cruz.

Organizaciones  sociales-civiles y redes: Fondos de Acción Solidaria, Comisariado del Ejido Jacúme de Baja California, Sección 22, Sindicato Mexicano de Electricistas, Servicios para una Educación Alternativa-EDUCA A.C., Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio-RMALC,  Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.,  Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, Serapaz A.C., Tequio Jurídico, A.C., La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, Universidad del  Medio Ambiente, Terra Peninsular, Caleidoscopio, Coordinadora de Colonias Unidas, Asamblea Departamental de Huehuetenango, Guatemala, C.A, Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA), Cuarto Oscuro, Alianza de mujeres indígenas, La Colmena, APPO, Espacios para la Defensa, el Florecimiento y apoyo Comunitario, A.C. Organizaciones de Promoción al Desarrollo A.C., Centro Regional de Derechos Humanos. “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C., Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural, Red Nacional de Resistencia Civil, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción CEPIADET A.C. , Bachillerato Comunitario Ikoots, Centro de Acción para el Desarrollo CODICE A.C.

Investigadores/Estudiantes: Universidad Autónoma de -Guerrero, Roberto Diego Quintana, Scott Robinson, (Universidad Autónoma Metropolitana), Alejandro Castaneira Yee Ben (Universidad Iberoamericana/ENAH),  Colmex, Rodrigo Yedra (UNAM), Lourdes Alonso Serna (UMAR), Lucia Vidales(UNAM ENAP),Eckart Boegue (Red de Etnoecológia y Patrimonio Biocultural), César Ramírez Miranda, Jorge A. Acosta Calderón (Universidad Autónoma Chapingo),  Marce - Nolasco UAM-Xochimilco, Antonio Sandoval (ENAH-INAH), Guillermo Padilla (Prújula), Ricardo Verdum” Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas/UnB”  (Brasil),  Scott  Sellwood (Universidad de Carolina del Norte)"

Fonte: Observatório Sur de México

Veterinária acusada de desvio de verbas não será indenizada por justa causa revertida (Fonte: TST)

"A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) ratificou decisão que não reconheceu direito de uma veterinária à reparação por danos morais em razão de afastamento da justa causa aplicada pela CONAPROLE do Brasil - Comercial, Importação e Exportação Ltda. sob a alegação de suposto desvio de verbas. O recurso de embargos da empresa contra a condenação não pôde ser conhecido por questões técnicas (Súmula 296, item I, do TST e Orientação Jurisprudencial 95 da SDI-1).

A veterinária estava empregada havia 13 anos quando foi comunicada por um diretor que seria demitida devido à situação financeira crítica que a empresa estava enfrentando. Segundo afirmou, além de ter sido orientada a procurar um determinado advogado, que a instruiria sobre o ajuizamento de ação trabalhista, inclusive sobre futuro acordo a ser feito em juízo, o executivo explicou-lhe que, se assim não procedesse, ela seria demitida por justa causa. Diante de sua recusa, foi concretizada a ameaça, e as verbas rescisórias foram depositadas.

O juiz da Vara de Estância Velha (RS) rejeitou os argumentos de defesa da CONAPROLE de que a justa causa de deveu à ocorrência de desvio de verbas pela veterinária. Além de anular a justa causa como razão do encerramento do contrato, condenou a empresa a pagar indenização por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) manteve a sentença, apenas reduzindo o valor da indenização para R$ 30mil.

Ao analisar o recurso de revista da empresa, a Sétima Turma do TST deu-lhe provimento com base em registro, pelo TRT da 4ª Região, de que não teria havido divulgação dos fatos ocorridos. Para a Turma, o fato de os colegas de trabalho da empregada terem tido conhecimento do ocorrido não era suficiente para a condenação da empresa, em razão da não configuração de ato intencional ou não de ofender a figura da trabalhadora. De acordo com os ministros, a dispensa – com ou sem motivo - é ato potestativo do empregador, e a dispensa por justa causa, por si só, não gera direito à indenização por dano moral.

Na SDI-1, o recurso de embargos da veterinária foi analisado pelo ministro Brito Pereira, que propôs seu não conhecimento por razões técnicas. De acordo com o relator, as decisões trazidas por ela com o objetivo de comprovar divergência entre julgados não eram específicas, conforme o item I da Súmula 296 do TST, que exige semelhança fática com a reconhecida nos autos. Outro paradigma foi rejeitado porque se tratava de decisão da mesma Turma que julgou o recurso de revista, contrariando o disposto na Orientação Jurisprudencial 95 da SDI-1.

A decisão foi unânime."

Fonte: TST

'Mi pecado es ser sindicalista' (Fonte: Elespectador)

"José Martín Cruz González es el Secretario general de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort) en Cúcuta. Desde que asumió ese cargo ha sido víctima de múltiples amenazas que hasta la fecha no habían sido materializadas. Sin embargo, el sábado estuvo a punto de perder la vida mientras se dirigía a San Antonio, Venezuela, a sellar su pasaporte, cuando el vehículo en que se movilizaba con un escolta fue alcanzado por una motocicleta abordada por dos hombres, uno de los cuales disparó contra la Toyota Land Cruiser de Cruz quien salió ileso en los hechos, mientras que su escolta, quien recibió un impacto de bala en un brazo y otro le rozó el abdomen, se recupera en el hospital.

En diálogo con El Espectador, Cruz aseguró que aunque ha recibido más de tres llamadas aún no han logrado identificar quienes son los verdaderos responsables de las amenazas.

“En las llamadas nunca han dicho quienes son y eso genera incertidumbre. Mi único pecado es ser sindicalista y dedicarme a la asociación en un cien por ciento”.

Según cuenta el líder sindical, en una de las llamadas amenazantes que recibió, la persona se identificó como miembro de la guerrilla del Eln y meses después le aseguraron en otra comunicación que se trataba de grupos de extrema derecha.

Al igual que las agremiaciones de otros departamentos, Asinort, siguiendo la directriz nacional, se ha encargado de exigir mejores condiciones salariales y prestación del servicio de salud para los maestros.

“Hay una lucha fuerte por la salud. El servicio que nos prestan es de mala calidad y exigimos mejores salarios no para enriquecernos sino para subsistir”.

El atentado que sufrió el secretario general de la Asinort es una muestra de lo que sufren los sindicalistas en esa región en donde, asegura la víctima, “más amenazan docentes en el país. En el área del Catatumbo hay entre 10 y 20 amenazados”.

Sin embargo, como en otros casos, la Unidad de protección de víctimas, asegura Cruz, se demora en asignar escoltas para las personas amenazadas.

La persecución que ha tenido que soportar el dirigente demuestra que del conflicto que ha vivido Colombia en los últimos 50 años ya no están excluidos ni siquiera los profesores, razón por la que Cruz pide a los grupos armados “que saquen a los maestros del conflicto. Nosotros sólo estamos para ayudar a la sociedad colombiana”.

Mientras tanto las autoridades cucuteñas han incrementado las medidas de seguridad para la víctima y ofrecieron $2 millones por información que conduzca a los responsables de los hechos."

Fonte: Elespectador

Cemig é condenada a pagar adicionais trabalhistas a vigilante terceirizado (Fonte: TST)

"A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi condenada a pagar os adicionais trabalhistas ao empregado da empresa JG Vigilância e Segurança Armada e Desarmada Ltda. A Cemig contratou os serviços da empresa de vigilância, que não pagou os direitos trabalhistas do empregado. Acionada na Justiça do Trabalho, a Cemig recorreu, alegando que o vínculo empregatício era com a JG Vigilância.

Mas a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) foi em sentido contrário. A companhia energética tem a responsabilidade subsidiária para o pagamento dos adicionais trabalhistas, uma vez que não fiscalizou o contrato firmado com a empresa de vigilância, conforme a Súmula 331, que prevê que "o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações".

Não satisfeita, a empresa recorreu ao TST. Mas a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Recurso de Revista, por unanimidade, por  não apontar equívoco da decisão  e por não apresentar qualquer violação de dispositivo legal ou constitucional, contrariedade a súmula ou divergência jurisprudencial."

Fonte: TST

Firjan defende opção por hidrelétricas com grandes reservatórios (Fonte: Estadão)

"A opção por hidrelétricas a fio d'água, combinada às características geográficas da Região Norte, onde está o maior potencial hídrico do País, deve levar à redução da capacidade de armazenamento de energia nos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN), aponta estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). A entidade calcula que o tempo médio efetivo de reserva de água para geração elétrica em períodos de seca será de apenas 2,14 meses em 2021, próximo a níveis considerados críticos..."

Íntegra: Estadão

Evalúan darles potestad a obreros para retirarse de obras en riesgo (Fonte: El Observador)

"El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) evalúa brindarles a los obreros de la construcción la potestad de retirarse de las obras en caso de constatar que no están dadas las garantías de seguridad para trabajar.Este jueves se produjo un derrumbe en pleno centro de Montevideo, en Colonia y Eduardo Acevedo, y los obreros del lugar lograron salir a tiempo, 10 minutos antes de que la fachada del edificio se viniera abajo.Los trabajadores no estaban sindicalizados. El capataz de la obra había advertido al mediodía que el lugar iba a ceder y los trabajadores continuaron en sus tareas hasta que ellos mismos constataron que las paredes se rajaban y el piso temblaba.La experiencia en Montes del PlataEste viernes, el ministro de Trabajo Eduardo Brenta expresó a radio Sarandí que se evalúa la posibilidad de brindarles a los trabajadores la posibilidad de dejar las obras en caso de que no haya garantías de seguridad para trabajar. Esa experiencia ya se aplica en Montes del Plata.“Venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la comisión tripartita de Seguridad y Salud, que funciona en la órbita de la Inspección de Trabajo, respecto a esta temática y a la elaboración de un nuevo decreto referente a los temas de seguridad y salud en las construcción”, explicó el jerarca.“Uno de los aspectos que está en debate es algo que ya está funcionando en algunos lugares, particularmente fue acordado de alguna manera en la obra de Montes del Plata, que es la potestad del trabajador delegado de seguridad de detener la obra cuando advierte situaciones que pueden poner en riesgo la situación de los trabajadores”, comentó.La medida se aplica desde el fallecimiento de un obrero en esa construcción a principio de año. El procedimiento acordado allí implica que si el trabajador delegado observa una situación de peligro debe notificarlo al técnico prevencioncita contratado. Si no hay un acuerdo para detener el trabajo, se avisa del caso al técnico de Montes del Plata, y si nuevamente no se llega a un pacto para parar la obra, se convoca a la Inspección de Trabajo, la que tiene la última palabra para definir si se detiene o no.“Este mecanismo está siendo analizado y se evalúa la posibilidad de que sea extendido a otras situaciones”, indicó Brenta.“Hay que analizar que deben incluirse medidas que otorguen a los trabajadores la potestad de detener las acciones cuando por su experiencia o conocimiento de la materia, adviertan (situaciones de peligro)”, agregó el jerarca.El ministro señaló que en el caso de este jueves “no está claro” cómo se actuó, debido a que la obra no está sindicalizada. “De cualquier manera podía haberse desatado un mecanismo de esta característica. No es lo mismo cuando hay una organización de trabajadores que cuando no la hay”.Ley en el Parlamento Con respecto al derrumbe de este jueves, Brenta señaló que aún no tenía un informe oficial de lo ocurrido. “Sé que a determinada altura de la tarde se interrumpieron las tareas de los edificios previendo alguna situación de estas características, no comprendo claramente por qué los trabajadores dicen haber permanecido dentro de la obra, cosa que seguramente debe ser cierta. Si es así, hará que analizar las responsabilidades. Ya hay una experiencia concretara. Ustedes recordarán en la obra del hotel Juncal donde un derrumbe produjo el procesamiento de los responsables de la obra por parte de la Justicia”, comentó.Consultado sobre el proyecto de ley que puede determinar sanciones penales a los responsables de obra en casos de accidente, el ministro indicó que se trabaja en la comisión de  la bancada de legisladores del Frente Amplio con otros organismos del Poder Ejecutivo, “a los efectos de poder establecer una norma legal que sea precisa y estricta en lo que tiene que ver con la adjudicación de las responsabilidades”.“Allí yo diría que está el problema más difícil de determinar, estamos hablando de una norma de carácter penal. Esa norma evidentemente tiene que tener la precisión suficiente para no cometer, a partir de ella, situaciones de injustica, ni tampoco evitar responsabilidades a quienes las tengan”, comentó.Para eso, sostuvo Brenta, “es imprescindible, y se va a hacer, realizar consultas a abogados penalistas, porque si bien es una norma que tiene que ver con el mundo del trabajo, es una norma que tiene que ver con responsabilidades de carácter penal”."

Fonte: El Observador

Vítima de descarga elétrica ganha r$ 40 mil por danos estéticos (Fonte: TRT 1ª Região)

"Em decisão unânime, a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) condenou uma empresa que atua no ramo de equipamentos de eletricidade a indenizar um ex-empregado em R$ 40 mil por danos estéticos, devido a lesões decorrentes de um choque elétrico. O acórdão reformou a sentença de primeiro grau, que havia fixado a indenização em R$ 20 mil.

O funcionário foi contratado para prestar serviços, como ajudante de caminhão, à Precisa Eletro Ltda., por meio da Cooperativa Mista de Profissionais Autônomos Ltda. De acordo com a inicial, em julho de 2004, ele subiu em uma escada para passar o poste que entregava sobre o muro de uma residência. Ao perceber que isso não seria possível, começou a descer o poste, que acabou encostando na fiação elétrica de alta tensão por um descuido do motorista. Com o movimento e a forte descarga elétrica, o funcionário foi puxado de encontro ao poste e sofreu choque de aproximadamente 13 mil volts, além de cair de uma altura de dois metros.

Após ficar desacordado, o ajudante de caminhão foi levado ao hospital, onde foi submetido a uma cirurgia para drenagem de coágulo no cérebro. O laudo da perícia realizada durante o processo concluiu que o autor apresenta cicatrizes na cabeça e nos membros superiores esquerdo e direito, decorrentes de queimadura ocorrida por ocasião do acidente, além da redução de 10% da capacidade de extensão do polegar direito.

Em seu voto, o relator do acórdão, juiz convocado Angelo Galvão Zamorano, ressaltou que o dano estético “deriva de lesão desfiguradora acarretada pelo acidente de trabalho, de modo a tornar o empregado desarmônico sob o aspecto visual, projetando uma imagem pessoal disforme no meio social, causando-lhe desconforto permanente”. Como as sequelas sofridas pelo reclamante demandam cirurgia plástica reparadora, a Turma decidiu pela majoração da indenização.

Por outro lado, o colegiado manteve a condenação de 1ª instância de danos morais no valor de R$ 30 mil, por entender que, embora o reclamante tenha realizado tarefa além de suas atribuições sem autorização da reclamada, a empresa não forneceu equipamentos de segurança.

Nas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, são admissíveis os recursos enumerados no art. 893 da CLT."

Fonte: TRT 1ª Região

FITERT repudia a atitude anti-sindical da Paraíba televisão (Fonte: UNI Américas)

"A Federação dos Radialistas solicita a difusão de uma declaração que rejeita as demissões e outras medidas de perseguição aos trabalhadores sindicalizados..."

Íntegra: UNI Américas

Tribunal nega danos morais a trabalhador submetido a detector de mentiras (Fonte: TRT 6ª Região)

"A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região (TRT-PE) negou recurso em que o reclamante alega haver sofrido dano moral por ter sido submetido a detector de mentiras (polígrafo). Entendendo que tal conduta era proporcional às atividades desenvolvidas pelo trabalhador e ao objeto social da empresa, a relatora, desembargadora Eneida Melo Correia de Araújo, teve seu voto acompanhado, por unanimidade, pelos demais desembargadores na sessão de 30 de maio de 2013.

No entendimento da relatora, a segunda reclamada, American Airlines Inc, precisa ter total segurança, garantia e estabilidade na operação dos sues serviços, especialmente por conduzir seres humanos cotidianamente, já que seu objeto social é voo e transporte de passageiros e cargas. Além disso, o reclamante confessa, em seu depoimento, que foi contratado para desempenhar a função de agente de integração, sendo uma de suas atribuições procurar bombas nas aeronaves.

A desembargadora Eneida Melo também observou que a submissão ao teste do polígrafo é prática aplicada a todos os funcionários, configurando a generalidade da medida e a não caracterização de perseguição ou discriminação do empregado. Além disso, a relatora entendeu que a conduta da empresa não configurou abuso de direito, já que é proporcional à natureza das suas atividades e à função desenvolvida pelo reclamante, sobretudo porque a reclamada não publicava o resultado do teste, o que demonstra preocupação com a privacidade do obreiro.

Não se vislumbraram, ainda, o gravame, o abalo moral, a humilhação ou mácula da imagem do empregado diante dos colegas ou da sociedade, indícios que poderiam justificar uma condenação. O acórdão, portanto, concluiu que os questionamentos feitos no detector de mentiras não tinham por objetivo agredir a honra e a intimidade do trabalhador, quer seja pela justificação da conduta do empregador, quer seja pelo sigilo da entrevista, fundamentando, assim, o não provimento do recurso ordinário."

Fonte: TRT 6ª Região

Conselheiro da Eletrobras é contra reajuste salarial (Fonte: Valor Econômico)

"As negociações salariais das empresas do grupo Eletrobras estão preocupando um dos membros do conselho de administração representante dos acionistas minoritários, que não vê espaço para reajustes no momento em que a companhia sofre os efeitos, em seu caixa, da renovação antecipada das concessões de hidrelétricas e linhas de transmissão já amortizadas, resultado das MPs 575 e 579. "As doses foram excessivamente altas e poderão até matar o doente", afirma Marcelo Gasparino, representante dos detentores de ações ordinárias no conselho em um documento enviado ao Valor..."

Íntegra: Valor Econômico

TIM não está à venda, diz Bernabè (Fonte: Valor Econômico)

"A Telecom Italia não pretende vender ativos da TIM no Brasil, disse o presidente da multinacional italiana, Franco Bernabè, na sexta-feira. Essa possibilidade passou a ser levantada no mercado por conta da proximidade da dissolução da Telco, marcada para setembro. A Telco é um consórcio que controla a Telecom Italia e tem a espanhola Telefónica como maior acionista. Com o fim do consórcio, a Telefónica passará a ser a principal acionista individual da Telecom Italia, com participação de cerca de 10%. O receio é que isso pudesse criar problemas com autoridades antitruste no Brasil, obrigando os italianos a se desfazerem de parte dos negócios no país..."

Íntegra: Valor Econômico

MPT processa empresa por prática de desvio de função (Fonte: MPT)

"Operadores de caixa estariam exercendo funções de correspondentes bancários e não recebendo por isso

Belém – O Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou ação civil pública (ACP) com pedido de medida liminar contra a Big Serviços LTDA, que opera nas dependências da rede de Farmácias Big Ben. De acordo com a ação, que requer o pagamento de R$ 500 mil por danos morais coletivos, os operadores de caixa da empresa estariam exercendo funções extras, como a de vendedor e correspondente bancário. 

Segundo denúncias feitas ao MPT, dentre as funções acumuladas por ex-funcionários da Big Serviços constam o trabalho no caixa, vendedor e o repasse de dinheiro do caixa para o cofre, e deste para os carros-fortes das empresas de transporte de valores. As denúncias foram confirmadas por meio do depoimento de ex-funcionários empresa, da análise de contratos, lista de empregados e dispensas, e inspeção realizada em uma lojas, em Belém. 

No local, verificou-se que o operador de caixa é igualmente responsável pela efetuação de saques, depósitos e pagamentos de contas. Além dessas atribuições, próprias do correspondente bancário, os operadores efetuam a venda de recargas e chips de celular. 

Outras irregularidades como jornada de trabalho excessiva, anotação irregular das horas trabalhadas e descontos indevidos no salário, quando do não fechamento das contas do caixa, também foram verificadas. Antes do ajuizamento da ação civil pública, o MPT propôs a assinatura de um termo extrajudicial para a regularização dessas práticas, mas a Big Serviços não foi aceitou. 

A ação, que tramita na Justiça do Trabalho, requer a concessão de liminar para o imediato enquadramento dos operadores de caixa como correspondentes bancários, com todos os direitos assegurados da categoria, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, em relação a cada trabalhador prejudicado e obrigação infringida. 

Além da indenização por dano moral coletivo, reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), a ação requer, em caráter definitivo, a extensão dos direitos dos bancários, previstos nos artigos 224 e 226 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Convenção Coletiva pertinente, a todos os correspondentes presentes e futuros da Big Serviços e o ajustamento da jornada de trabalho dos funcionários."

Fonte: MPT

Justiça recebe nomes de 220 militares do Araguaia (Fonte: O Globo)

"O governo enviou anteontem para a Justiça Federal uma relação de 220 nomes de militares que supostamente atuaram na Guerrilha do Araguaia, no início da década de 70. A grande maioria, 128 deles, era soldado na época. A lista foi elaborada pela Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

O objetivo é que esses militares sejam ouvidos e também dar cumprimento a sentença da juíza Solange Salgado, da Justiça Federal de Brasília, que obrigou o governo a informar a localização dos mortos pela ditadura. O presidente da Comissão de Mortos, Marco Antônio Barbosa, disse que a Justiça tem poder de intimar esses militares, prerrogativa que o colegiado que comanda não tem..."

Íntegra: O Globo

MPT apura eleição do Sindicato dos Policiais Civis (Fonte: MPT)

"MPT apura eleição do Sindicato dos Policiais Civis

Fortaleza - O Ministério Público do Trabalho no Ceará (MPT/CE) realiza, a partir deste sábado (3) a apuração de votos das eleições à diretoria do Sindicato dos Policiais Civis de Carreira no Estado do Ceará (SINPOCI), ocorridas na terça-feira (30).  O MPT havia sido convocado para mediar o pleito em virtude do nível de conflituosidade entre as chapas concorrentes. Tal compromisso ministerial foi assumido pelo órgão, no último dia 27 de julho, em audiência com sindicato, no qual foi também acordado sobre a relação dos nomes dos eleitores e o tipo de urna a ser utilizada para os votos.

 Os cerca de 2.300 votantes envolvidos no pleito vão aguardar a apuração, que deve iniciar a partir das 9h deste sábado na sede da Procuradoria Regional do Trabalho – 7 ª Região (PRT7), em Fortaleza. Com experiências em outras eleições sindicais, o MPT apresenta um sistema seguro, fácil e rápido de apuração. O gabinete do procurador regional do Trabalho Francisco Gérson Marques da Silva, encarregado pelo processo, vai se responsabilizar em receber as urnas de todos os locais de votação, estando elas devidamente conferidas e lacradas, mediante recibo de entrega.

Conflitos entre as chapas –  Os principais pontos de conflito entre as cinco chapas candidatas eram acerca da lista de eleitores divulgada no site oficial do sindicato, que deixava muitos nomes de fora, inclusive de integrantes das chapas e, sobretudo, de policiais novatos; e das urnas utilizadas no pleito, se seriam as eletrônicas ou as de lona, utilizando cédulas de papel.

Representantes das chapas se diziam prejudicados com inconsistência da lista, que, de acordo com a Comissão Eleitoral, foi elaborada pelo Setor de Informática do Sindicato dos Policiais Civis. Divergiam também se deveriam ser incluídos os nomes dos policiais novatos, nomeados no último concurso. Segundo o presidente da CHAPA 4, o inspetor de Polícia Civíl Gustavo Simpício Moreira, cerca de 350 policiais não constavam na lista, decorrente da lacuna dos nomes dos novatos.

Como o atual mandato da diretoria do sindicato termina no próximo dia 31 de agosto e tendo em vista ao que diz no art. 41 do Estatuto, o qual prevê um prazo mínimo de 30 dias para antes do término do mandato para que se realizem as eleições, ficou acertado, perante o MPT, e com o consentimento de todas as partes, que as eleições seriam mantidas para o dia 30 de julho, das 8h às 17h, nos locais já definidos e obedecendo às regras já estabelecidas.

Ficou acordado também que a lista de eleitores divulgada no site oficial do sindicato permaneceria válida, no entanto os eleitores que não tiverem os nomes constados na mesma poderão votar mediante confirmação em outra lista que será disponibilizada ao MPT, em regime de urgência, pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (SEPLAG). Quanto às urnas, ficou decidido que seriam utilizadas as de lona, e votos em cédulas de papel em todos os locais de votação."

Fonte: MPT

Trabalho infantil está presente em 12 cidades de IDH muito alto (Fonte: O Globo)

"O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil revelou a nova elite das cidades brasileiras. São 44 municípios enquadrados na faixa de "muito alto" desenvolvimento, com elevados índices de educação, longevidade e renda. A complexidade de avaliar o desenvolvimento dos municípios, porém, é grande. O trabalho infantil, mazela que ainda aflige 3,4 milhões dos brasileiros entre 10 a 17 anos, também está presente em boa parte das cidades mais bem avaliadas: 12 têm índices acima da média nacional para o trabalho nessa faixa etária, que é de 12,38% das crianças e jovens nessa faixa etária..."

Íntegra: O Globo

Justiça afasta presidente de sindicato por improbidade (Fonte: MPT)

"Luiz Pereira dos Santos foi processado por cobrar mensalidades de empresas em seu próprio favor

Campo Grande – A Justiça do Trabalho determinou o afastamento de Luiz Pereira dos Santos do cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Materiais Elétricos de Dourados e Região. Há 24 anos na diretoria do sindicato, ele é acusado de improbidade. A medida é resultado de liminar concedida em ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

A decisão também fez a convocação imediata do suplente, Ailton Fermino de Souza, para assumir a administração do sindicato, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. O MPT começou a investigar Luiz Pereira dos Santos em 2012, após receber denúncia de que ele estaria cobrando mensalidades de empresas em seu próprio favor.

Ficou comprovado que o sindicalista oferecia prestação de serviços de assessoramento jurídico, empregava os próprios filhos na entidade sindical, pedia doação de combustível e a prestação de serviços mecânicos para o conserto do próprio carro como favores. Ele também costumava pedir donativos para eventos de igrejas católicas e dinheiro para cobrir despesas de viagens, com a justificativa de serem compromissos e para resolver problemas do sindicato.

Na ação, o MPT também pede que Luiz seja condenado em R$ 350 mil por danos morais coletivos, fique inelegível para o cargo de presidente pelo prazo de dois anos, proibido de assumir cargo administrativo por cinco anos e seja destituído do cargo de suplente da diretoria da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Materiais Elétricos no Estado de Goiás e no Distrito Federal.

O processo requer ainda o afastamento dos demais integrantes da diretoria e a declaração da nulidade da eleição sindical de 2011, pela violação dos princípios democráticos e do estatuto, além da convocação de nova eleição sindical."

Fonte: MPT

Liminar suspende inclusão de RO em cadastro de inadimplentes (Fonte: STF)

"O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, deferiu dois pedidos de liminar formulados com o objetivo de suspender os efeitos da inscrição do Estado de Rondônia no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc). A decisão ocorreu na análise das Ações Cautelares (AC) 3413 e 3414, ajuizadas pelo Estado de Rondônia.

Na AC 3413, o Estado de Rondônia conta que a inadimplência foi registrada no referido cadastro em razão de suposto descumprimento, pelo gestor da Secretaria de Estado de Educação, no período de fevereiro de 1999 a dezembro de 2002, da obrigação prevista no artigo 31 da Lei 8.212/1991, referente à retenção das contribuições devidas à Seguridade Social, a serem repassadas ao INSS, calculadas no percentual de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou faturas de prestação de serviços realizados mediante cessão de mão de obra. No caso, os serviços prestados seriam de segurança/vigilância e transporte escolar. Já na AC 3414, o autor afirma que os serviços prestados seriam de fornecimento de alimentação preparada e serviços radiológicos de diagnósticos por imagem.

Quanto à AC 3413, o Estado de Rondônia foi notificado a pagar o valor atualizado de cerca de R$ 5,8 milhões e, em relação à AC 3414, o valor aproximado seria de R$ 2,4 milhões. Entre os argumentos apresentados nas duas ações cautelares, está a alegação de que as quantias não teriam sido pagas tendo em vista que o estado-membro acredita “não ser devido o desembolso de tal montante, visto que as empresas prestadoras de serviço já fizeram o recolhimento das parcelas devidas ao INSS”. Por isso, defende que caberia tão somente o pagamento de penalidades pelo descumprimento da obrigação legal, sob pena de recebimento em duplicidade e enriquecimento sem causa da União, “o que reduziria sensivelmente o valor do quantum debeatur [o montante devido]”.

Deferimento

Ao examinar os autos, o ministro Ricardo Lewandowski considerou que neste primeiro momento estão demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada. De acordo com ele, no presente caso, ficou demonstrado que as irregularidades que motivaram a inscrição questionada foram praticadas entre fevereiro de 1999 e dezembro de 2002, “ou seja, referem-se a atos levados a efeito há mais de onze anos”.

“Logo, a inscrição do Estado de Rondônia no cadastro federal de inadimplência (CAUC), sem a abertura de um procedimento em que assegurado o pleno exercício do contraditório, ‘parece ir de encontro ao postulado constitucional do devido processo legal’”, afirmou o ministro ao citar a Ação Cível Originária (ACO) 1681, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Lewandowski também lembrou que a Primeira Turma do STF asseverou na AC 1896 que “a aparente demora na instauração de Tomada de Contas Especial, atribuída ao convenente responsável pela apuração de eventuais irregularidades praticadas por ex-gestores de convênios, não deve inviabilizar a celebração de novos ajustes”. Nesse mesmo sentido, apontou ainda o exame das medidas cautelares nas ACs 2802 e 2864.

Para o ministro Ricardo Lewandowski, a urgência na concessão da medida liminar está evidenciada, uma vez que a inscrição da inadimplência do Estado de Rondônia no Cauc “representa obstáculo ao repasse de recursos relativos a convênios já pactuados e impede que sejam celebrados novos convênios, acordos de cooperação e operações de crédito com a União e o BNDES”."

Fonte: STF

Transportadora é condenada por explorar motoristas (Fonte: MPT)

"Empresa pagará R$ 700 mil por irregularidades na jornada dos trabalhadores

Campo Grande - A Justiça do Trabalho de Três Lagoas (MS) condenou em R$ 700 mil a transportadora Breda Transportes e Serviços. A empresa, responsável por levar os empregados e madeira de eucalipto para a fábrica da Fibria (produtora de celulose), foi processada por irregularidades na jornada de trabalho de motoristas de ônibus. A decisão é resultado de ação movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para obrigar a companhia a cumprir carga horária de trabalho de oito horas diária, além de realizar o registro e pagamento do tempo gasto pelos trabalhadores no percurso de ida e volta do trabalho. 

Fiscalização na empresa verificou irregularidades como a manipulação dos horários de trabalhos dos empregados e a prática de carga horária de 12 horas de trabalho por 36 horas de repouso, o que fazia a jornada do trabalhador variar entre o dia e noite a cada turno. O MPT comprovou também casos de motoristas que trabalharam por mais de 30 dias sem descanso semanal. Na decisão, o juiz do Trabalho Marco Antonio de Freitas afirmou que “submeter os motoristas a essa quantidade de trabalho beira às margens das condições análogas a de escravo”. 

A decisão também obriga a transportadora a regularizar sua jornada, ficando vedada a prática do regime de 12 x36 horas. Parte da indenização por dano moral coletivo (de R$ 700 mil) será revertida na entrega de uma residência para o projeto Restituição - Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, de Três Lagoas. 

Motoristas de caminhão - Em relação aos motoristas de caminhão, a empresa já havia feito acordo, em que se comprometeu a implementar jornada máxima de oito horas diárias e 44 semanais, com os devidos intervalos e pausas, e a registrar o tempo de percurso, sob pena de multa de R$ 30 mil.

Na ação, foi concedida liminar para que a empresa observe a jornada máxima de 8 horas para os motoristas de ônibus, no prazo de 90 dias, após a intimação sobre o teor da sentença. No total, a empresa tem mais de 2.500 empregados, somados os motoristas, e frota superior a 1.300 veículos, entre ônibus, microonibus, vans e caminhões."

Fonte: MPT

El Caribe reclama a Europa una compensación por la esclavitud (Fonte: El País)

"Los cálculos más conservadores indican que al menos doce millones de africanos fueron secuestrados en la costa occidental de su continente y transportados en barcos negreros europeos hacia las colonias de América, entre los siglos XVI y XVIII. No todos sobrevivieron a la travesía y quienes llegaron con vida, labraron en condiciones de esclavitud las plantaciones de los imperios de España, Inglaterra, Holanda, Francia y Portugal en el Nuevo Mundo. Las naciones que conforman la Comunidad del Caribe (Caricom) atribuyen el origen de su actual pobreza material a la esclavitud y al genocidio perpetrado en aquellos tiempos. Por eso han decidido emprender un proceso jurídico contra Inglaterra, España, Francia, Holanda y Portugal, en reclamo de una compensación económica y de inversión en planes de desarrollo. 

“Estamos enmarcando la discusión de las reparaciones en la discusión acerca del desarrollo. No estamos hablando de una confrontación, sino de llevar nuestro caso a la Corte Internacional de Justicia para negociar”, ha explicado a EL PAÍS la historiadora Verene Sheperd, quien dirige la Comisión de Reparaciones de Jamaica. En su más reciente cumbre, celebrada en Puerto España el 4 de julio pasado, los líderes de la Comunidad del Caribe acordaron establecer comisiones de reparación en cada uno de los 15 países miembros del bloque donde no existiese alguna. El siguiente paso será la celebración de una reunión conjunta, pautada para la primera semana de septiembre en San Vicente y las Granadinas, donde algunos de los primeros ministros del grupo debatirán junto a abogados y especialistas en historia económica la estrategia a seguir.

No es un asunto de dinero, sostiene Sheperd, sino de acordar mecanismos de compensación que contribuyan al desarrollo de los Estados reclamantes. “Antes que nada, queremos que Europa se disculpe, pues hasta ahora han emitido declaraciones de arrepentimiento, pero ningún país se ha disculpado. Luego queremos infraestructuras para el desarrollo: escuelas, centros de salud, carreteras, hospitales. Y queremos que acabe el racismo”, ha dicho la historiadora.

La firma inglesa Leigh Day & Co. ejercerá la representación de la Comunidad del Caribe, según ha informado el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, este martes, en entrevista con el diario Trinidad and Tobago Guardian. “Durante más de 30 años ha existido un movimiento que se originó en las bases de la sociedad civil, entre intelectuales y profesionales, que han reclamado reparaciones por el genocidio de sus nativos y por la esclavitud”, ha dicho Gonsalves, quien presidirá la reunión fijada en septiembre, en la que también participarán la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar, y los presidentes Michel Martelly de Haití, Donald Ramotar de Guayana y Desi Bouterse de Surinam.

En junio de 2013, la firma Leigh Day & Co. se anotó una victoria en un caso similar, al lograr que Reino Unido admitiese haber torturado a más de 5.000 rebeldes de la guerrilla keniana Mau Mau entre los años 1952 y 1960. Como resultado, las víctimas y sus sobrevivientes obtuvieron una compensación que sumó 30,5 millones de dólares.

Entre 2004 y 2011, Jamaica, Guyana y Antigua y Barbuda también han intentado, sin éxito, obtener algún tipo de compensación de parte de los países europeos involucrados en el tráfico de esclavos en tiempos de la colonia. “Hoy el llamado a reparaciones está comenzando a formar parte de la conciencia nacional en San Vicente y las Granadinas, a través del debate público, en los programas de radio, en los diarios”, sostiene el primer ministro Ralph Gonsalves. 

Los países del Caribe involucrados en este nuevo reclamo contra Inglaterra, España, Francia, Holanda y Portugal por esclavitud y genocidio aún no han fijado el monto de la compensación a la que aspiran. Existen, sin embargo, algunos antecedentes. En 1999, la African World Reparations and Repatriation Truth Commission exigió a Occidente el pago de 777.000 millones de dólares a los países africanos que fueron esclavizados durante el periodo colonial. “Sabemos que nunca obtendremos esa cantidad de dinero, pero al menos debemos encontrar la manera de aliviar la pobreza del Caribe y hacer algo a favor del desarrollo de una infraestructura social. Si queremos alcanzar la paz mundial, este es uno de los caminos”, opina Verene Sheperd."

Fonte: El País

Juíza nega pedido de ressarcimento de bens de alto valor supostamente furtados de fiscal durante jornada (Fonte: TRT 3ª Região)

"Um fiscal da BHTrans, empresa de transportes e trânsito da Capital mineira, procurou a Justiça do Trabalho pedindo o pagamento de indenização por dano material. Tudo porque, segundo alegou, teve uma mochila furtada em uma sala da rodoviária de Belo Horizonte, onde prestava serviços. De acordo com o relato, na bolsa se encontravam um Ipad e uma caneta Montblanc, chegando o prejuízo a quase R$ 5 mil reais. O fundamento apresentado para o pedido foi o de que o empregador deve zelar pelos bens e utensílios de seus empregados, principalmente quando são utilizados para execução das suas funções e guardados no ambiente de trabalho. O reclamante lembrou que o patrão deve arcar com os riscos inerentes à atividade econômica.

O caso foi submetido à apreciação da juíza substituta Ângela Cristina de Ávila Aguiar Amaral, em atuação na 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Mas, após analisar detidamente as provas, a magistrada não deu razão ao trabalhador. Para ela, ficou claro que ele agiu de forma descuidada e negligente com seus pertences pessoais. Uma situação de culpa exclusiva do empregado que, de acordo com a juíza, não gera a responsabilização do empregador.

Conforme observou na sentença, a própria testemunha apresentada pelo reclamante contou que não havia obrigatoriedade de uso de computadores de mão e nem de canetas de valor elevado no cotidiano do trabalho. Segundo a testemunha, esses instrumentos eram utilizados por livre e espontânea vontade, já que o computador era mero facilitador do trabalho. Além disso, a empresa fornecia canetas de tipo comum e usual. Nesse contexto, a julgadora não teve dúvidas: os instrumentos não eram essenciais à consecução do contrato de trabalho.

Mesmo admitindo, em nome da modernidade e por ausência de proibição legal ou contratual, o uso desses produtos de luxo no ambiente de trabalho, a juíza frisou que caberia ao reclamante assumir os riscos e responsabilidades decorrentes de sua guarda e conservação. Ele próprio reconheceu, em depoimento, que na sede da ré existem escaninhos com cadeado e chave, destinados à guarda de objetos pessoais dos fiscais. E mais: demonstrou que sabia perfeitamente que o local onde deixou a mochila estaria aberto, a pedido do pessoal da limpeza. Uma sala que, como ele tinha conhecimento, era frequentada por mais de 15 fiscais.

A julgadora ainda chamou a atenção para um aspecto: não houve prova de que os objetos descritos no boletim de ocorrência estivessem, de fato, dentro da mochila no dia do furto. Tudo a demonstrar que o reclamante não poderia, diante da situação apurada, exigir a responsabilização do empregador pelo ocorrido. "Constata-se que o autor, não obstante utilizasse a seu talante objetos de considerável valor comercial, ignorou o fato de que a reclamada possuía um local apropriado à guarda dos mesmos, optando por deixá-los na sala de apoio da reclamada, localizada no Terminal Rodoviário que, pública e notoriamente, é local de grande movimentação de pessoas assumindo, portanto, o risco de deixá-los em local aberto, destrancando e, por certo, favorável à prática do delito já que a ocasião faz o roubo", concluiu a juíza na sentença.

Por esses motivos, a magistrada julgou improcedente o pedido de indenização por dano material, decisão esta que foi mantida pelo TRT de Minas."

Fonte: TRT 3ª Região

Vigilância Sanitária interdita supermercado por 'falta de higiene generalizada' na Tijuca (Fonte: O Globo)

"RIO - A Vigilância Sanitária Municipal interditou totalmente o supermercado Extra da Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, na tarde desta sexta-feira. Em nota, o órgão afirma que o motivo da interdição foi "falta de higiene generalizada". No local, os fiscais encontraram fezes de de ratos e sujeira sobre a superfície das instalações..."

Íntegra: O Globo

Vigia noturno que trabalhava sozinho receberá hora extra por ausência de intervalo (Fonte: TRT 3ª Região)

"Quem alega, deve provar. Esse é o entendimento que se extrai dos artigos 818 da CLT e 333, inciso I, do CPC, pelos quais a parte deve comprovar os fatos constitutivos do direito que alega. Assim, se um empregado ajuíza uma reclamação trabalhista afirmando que não tinha intervalo para refeição e descanso, deve apresentar provas desse fato. É o chamado ônus da prova.

E foi por entender que essa obrigação processual não foi cumprida por um vigia, que o juiz de 1º Grau indeferiu o pedido de horas extras feito por ele. No caso, o reclamante alegou que trabalhava em uma residência, cumprindo jornada 12x36, sem qualquer intervalo. Como testemunha, apresentou a empregada doméstica da casa, que confirmou o fato. Porém, como ela não trabalhava no mesmo horário do reclamante, o depoimento foi considerado imprestável como prova e o pedido julgado improcedente.

Mas, ao analisar o recurso do reclamante, a 2ª Turma do TRT-MG teve outra visão sobre o caso. Um detalhe chamou a atenção do relator, desembargador Luiz Ronan Neves Koury: o reclamante trabalhava sozinho. Para o magistrado, isso demonstra que ele não poderia usufruir o intervalo de uma hora para refeição de forma integral. Afinal, o empregado tinha que permanecer no próprio local de trabalho, não podendo se ausentar para descansar. O desembargador explicou que a jornada de 12 x 36 não retira o direito ao intervalo intrajornada, pois o artigo 71 da CLT prevê que em qualquer trabalho contínuo, com duração superior a seis horas, é obrigatória a concessão do intervalo de uma hora.

Portanto, se o reclamante trabalhava sozinho, não houve concessão efetiva do intervalo, sendo devido o pagamento da hora extra. Com esse entendimento, a Turma de julgadores, à unanimidade, decidiu condenar a empresa de serviços, empregadora do vigia, ao pagamento uma hora extra diária, durante todo o contrato de trabalho, com adicional de 50% e reflexos, tudo conforme critérios definidos no voto."

Fonte: TRT 3ª Região

Privatização dos postes: exemplo da loucura neoliberal (Fonte: Tijolaço)

"O jornal Valor Econômico traz hoje uma reportagem que seria cômica se não representasse um retrato da trágica selvageria com que foram feitas as privatizações no Brasil.

Trata do “acordo” que estaria sendo tentado entre as empresas de energia elétrica – privatizadas – e as de telefonia – privatizadas também – para fixar o “aluguel do poste”.

Graças à matéria, ficamos sabendo que passar um fio por um poste vai custar entre R$ 0,30 a R$ 10,57 por mês. O valor médio de referência será de R$ 2,44.

O assunto, segundo o jornal, consumiu sete anos de “estudos” pela Anatel e pela Aneel, que representa – digo, fiscaliza – as concessionárias de energia.

Como há 15 milhões de postes no Brasil, estamos falando de um receita potencial de pelo menos R$ 36 milhões, sem contar que o poste pode ser alugado mais de uma vez.

Óbvio que o valor é ínfimo perto do faturamente de teles e elétricas, mas quando a gente lembra que cortaram até a barrinha de cereais no avião, não é de descartar que os clientes possam ser classificados na base do “quantos postes vão gastar”.

Os países avançados regulam o unbudling, que é o direito de passagem do sinal de uma operadora pelos cabos de outra, ampliando os serviços, a concorrência, baixando os preços e racionalizando a implantação de redes modernas.

Aqui, vamos regular a divisão dos postes, de olho nos trocados que isso pode dar.

Postes que, em grande parte, foram implantados com recursos públicos, em vias públicas e sobre os quais, mesmo vendendo teles e elétricas, o direito de uso, dentro de regras técnicas, fosse obrigatoriamente permitido a todos os que prestam serviços públicos.

Ah, mas faltou uma informação para tornar a notícia mais engraçada. É que a Anatel – vou gastar aspas, gente – vai “fiscalizar” para que a receita dos postes se converta  em “tarifas mais baratas para o consumidor”!

Já a óbvia providência de instalar dutos ou estruturas para telecomunicações em rodovias, ferrovias e linhas de transmissão, que deveria ser compulsória para as concessionárias, diretamente ou através de um fundo com este fim, o Minitro das Telecomunicações, Paulo Bernardo, não acha urgente.

Esse é o retrato tragicamente ridículo das privatizações de Fernando Henrique Cardoso, onde não se privatizou apenas a exploração de um serviço, mas todo o patrimônio – seja o estrutural, como postes, seja o apenas imobiliário, como prédios, áreas e otros bens, que estão sendo vendidos com um lucro que deveria ser público, como denunciou, outro dia, a advogada do Proteste, Flávia Lefèvre Guimarães.

Chegamos a este ponto, de ver um crime se transformar em piada, porque é tratado pelos senhores do mercado como se fosse realmente legítimo discutir o aluguel de postes em via pública.

Mas aqui, no país da jabuticaba, trocamos o unbundlig pelo unposting.

Genial!"

Fonte: Tijolaço

Fraude na quitação de contratos de trabalho motiva ação do MPT (Fonte: PRT 6ª Região)

"Comissão de Conciliação e sindicatos são réus

De acordo com o estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é dever da entidade sindical dos trabalhadores a quitação das verbas rescisórias de funcionários dispensados. Por observar irregularidades quanto determinação, o Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco ingressou, no fim do mês de julho, com ação civil pública contra a Comissão Intersindical de Conciliação Prévia Trabalhista, bem como contra os sindicatos de trabalhadores a ela vinculados – Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas nas Regiões do Recife Metropolitano e Matas Sul e Norte do Estado de Pernambuco e Sindicato das Empresas de Transportes e Cargas no Estado de Pernambuco.

Por meio de denúncia formulada por três ex-empregados da empresa Conseil Logística e Representações LTDA., o MPT apurou a utilização de comissão intersindical de conciliação por diversas empresas, do mesmo ou de outros setores econômicos, para o pagamento de verbas rescisórias devidas a ex-funcionários. De acordo com as investigações e depoimentos de testemunhas, as empresas realizavam os procedimentos de quitação dos contratos de forma que os funcionários não tinham outra escolha senão aceitar o que lhes era sugerido perante comissão. Em muitos dos depoimentos, foram relatadas audiências, organizadas por empresas ligadas à comissão, em que os funcionários dispensados tinham advogados sugeridos pelos ex-empregadores e nem sequer sabiam a função de direito dos participantes e coordenadores da sessão.

“A troca do pagamento das verbas rescisórias pelo acordo realizado perante a comissão de conciliação prévia seria evidentemente nefasta para o trabalhador. Ao ser dispensado, ou ele aceitaria o que o empregador lhe oferecesse no momento da conciliação perante a comissão, ou, nada receberia de verbas rescisórias, devendo ingressar na Justiça do Trabalho para o recebimento até mesmo do salário do último mês, que n ão se esqueça faz para das verbas resilitórias [ou rescisórias]. Preferiria logicamente receber o pouco oferecido, renunciando a v árias verbas alimentares, a ficar meses, ou anos talvez, sem receber o saldo do FGTS [Fundo de Garantia por Tempo de Serviço] ou seguro-desemprego”, disse o procurador do Trabalho à frente do caso, Leonardo Osório de Mendonça.

Diante das ilicitudes, o MPT requereu justiça do Trabalho o comprometimento da comissão em comunicar ao órgão ministerial todas as queixas apresentadas que envolvam o pagamento de parcelas rescisórias aos trabalhadores e a não vincular o pagamento de custas processuais a possível conciliação realizada na comissão. Em caso de descumprimento destas obrigações, o órgão estipulou pagamento de multa de dois mil reais.

Na ação, o MPT pediu também que a ré se abstenha de realizar qualquer tipo de conciliação que envolva pagamento de parcelas rescisórias a trabalhadores, bem como não realizar qualquer tipo de homologação ou acordo em queixa apresentada por trabalhador não vinculado ao setor econômico. A multa por descumprimento destas obrigações é de cinco mil reais.

O MPT pediu ainda pagamento de R$ 500 mil por dano moral coletivo pela Comissão Intersindical de Conciliação Prévia Trabalhista. Os sindicatos também devem ser condenados solidariamente à primeira ré ao pagamento de R$ 250 mil, também a título de dano moral coletivo.

Todos os valores arrecadados devem ser convertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Saiba Mais

As comissões intersindicais de conciliação foram criadas a partir da lei nº 9.958, que acrescenta artigos à CLT. De acordo com a legislação, essas comissões, compostas por representantes das empresas e dos sindicatos, não tem criação obrigatória, ficando à escolha das partes a criação deste mecanismo como forma extrajudicial de solução de conflitos de trabalho.

Tendo em consideração os inúmeros processos instaurados na justiça do Trabalho, a ferramenta vem como um auxílio ao trabalhador, que ganha agilidade na resolução das causas trabalhistas, e ao empregador, que não tem de arcar com os custos de uma ação movida na justiça.

Segundo o artigo 477 da CLT, no entanto, as comissões não podem ser usadas como órgão de assistência e homologação de rescisão contratual, o que cabe apenas aos sindicatos."

Fonte: PRT 6ª Região

Íntegra da nova lei sobre responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas (Lei 12846, de 2013) (Fonte: Planalto.gov)

"A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente.

Art. 2o  As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.

Art. 3o  A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

§ 1o  A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput.

§ 2o  Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade.

Art. 4o  Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.

§ 1o  Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados.

§ 2o  As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

CAPÍTULO II

DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU ESTRANGEIRA

Art. 5o  Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

§ 1o  Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.

§ 2o  Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais.

§ 3o  Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

CAPÍTULO III

DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 6o  Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções:

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e

II - publicação extraordinária da decisão condenatória.

§ 1o  As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.

§ 2o  A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do ente público.

§ 3o  A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.

§ 4o  Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

§ 5o  A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores.

§ 6o  (VETADO).

Art. 7o  Serão levados em consideração na aplicação das sanções:

I - a gravidade da infração;

II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;

III - a consumação ou não da infração;

IV - o grau de lesão ou perigo de lesão;

V - o efeito negativo produzido pela infração;

VI - a situação econômica do infrator;

VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações;

VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica;

IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados; e

X - (VETADO).

Parágrafo único.  Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo federal.

CAPÍTULO IV

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO

Art. 8o  A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa.

§ 1o  A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação.

§ 2o  No âmbito do Poder Executivo federal, a Controladoria-Geral da União - CGU terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta Lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento.

Art. 9o  Competem à Controladoria-Geral da União - CGU a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nesta Lei, praticados contra a administração pública estrangeira, observado o disposto no Artigo 4 da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, promulgada pelo Decreto no 3.678, de 30 de novembro de 2000.

Art. 10.  O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis.

§ 1o  O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial, ou equivalente, a pedido da comissão a que se refere o caput, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão.

§ 2o  A comissão poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação.

§ 3o  A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da publicação do ato que a instituir e, ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas.

§ 4o  O prazo previsto no § 3o poderá ser prorrogado, mediante ato fundamentado da autoridade instauradora.

Art. 11.  No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 (trinta) dias para defesa, contados a partir da intimação.

Art. 12.  O processo administrativo, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade instauradora, na forma do art. 10, para julgamento.

Art. 13.  A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único.  Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da fazenda pública.

Art. 14.  A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 15.  A comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência, para apuração de eventuais delitos.

CAPÍTULO V

DO ACORDO DE LENIÊNCIA

Art. 16.  A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte:

I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e

II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração.

§ 1o  O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito;

II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data de propositura do acordo;

III - a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento.

§ 2o  A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso II do art. 6o e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois terços) o valor da multa aplicável.

§ 3o  O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado.

§ 4o  O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo.

§ 5o  Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas.

§ 6o A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo.

§ 7o  Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada.

§ 8o  Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento.

§ 9o  A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nesta Lei.

§ 10.  A Controladoria-Geral da União - CGU é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira.

Art. 17.  A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 88.

CAPÍTULO VI

DA RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL

Art. 18.  Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.

Art. 19.  Em razão da prática de atos previstos no art. 5o desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras:

I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;

II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades;

III - dissolução compulsória da pessoa jurídica;

IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos.

§ 1o  A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado:

I - ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos; ou

II - ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.

§ 2o  (VETADO).

§ 3o  As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa.

§ 4o  O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial, ou equivalente, do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado, conforme previsto no art. 7o, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé.

Art. 20.  Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções previstas no art. 6o, sem prejuízo daquelas previstas neste Capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa.

Art. 21.  Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito previsto na Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985.

Parágrafo único.  A condenação torna certa a obrigação de reparar, integralmente, o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22.  Fica criado no âmbito do Poder Executivo federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo com base nesta Lei.

§ 1o  Os órgãos e entidades referidos no caput deverão informar e manter atualizados, no Cnep, os dados relativos às sanções por eles aplicadas.

§ 2o  O Cnep conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções aplicadas:

I - razão social e número de inscrição da pessoa jurídica ou entidade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

II - tipo de sanção; e

III - data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando for o caso.

§ 3o  As autoridades competentes, para celebrarem acordos de leniência previstos nesta Lei, também deverão prestar e manter atualizadas no Cnep, após a efetivação do respectivo acordo, as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse procedimento vier a causar prejuízo às investigações e ao processo administrativo.

§ 4o  Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, além das informações previstas no § 3o, deverá ser incluída no Cnep referência ao respectivo descumprimento.

§ 5o  Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano causado, mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora.

Art. 23.  Os órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo deverão informar e manter atualizados, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos arts. 87 e 88 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 24.  A multa e o perdimento de bens, direitos ou valores aplicados com fundamento nesta Lei serão destinados preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas.

Art. 25.  Prescrevem em 5 (cinco) anos as infrações previstas nesta Lei, contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Parágrafo único.  Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da infração.

Art. 26.  A pessoa jurídica será representada no processo administrativo na forma do seu estatuto ou contrato social.

§ 1o  As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela pessoa a quem couber a administração de seus bens.

§ 2o  A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.

Art. 27.  A autoridade competente que, tendo conhecimento das infrações previstas nesta Lei, não adotar providências para a apuração dos fatos será responsabilizada penal, civil e administrativamente nos termos da legislação específica aplicável.

Art. 28.  Esta Lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior.

Art. 29.  O disposto nesta Lei não exclui as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica.

Art. 30.  A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de:

I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992; e

II - atos ilícitos alcançados pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011.

Art. 31.  Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.

Brasília, 1o de agosto de 2013; 192o da Independência e 125o da República."

Fonte: Planalto.gov