Mynor Rolando Ramos Castillo, un trabajador municipal de Jalapa, una ciudad en el sureste de Guatemala, fue asesinado a tiros frente a su casa el 24 de septiembre de 2015. Su familia detuvo al asesino y lo presentó a la policía. El asesino confesó haber aceptado el encargo de asesinarlo a cambio de 1.500 quetzales (aproximadamente 195 USD).a crime scene in Guatemala City. More than 70 trade unionists have been murdered since 2007.
Aun cuando Ramos Castillo ha sido el primer activista sindical asesinado en Guatemala este año, ya son 70 los activistas sindicales asesinados desde 2007 en un país donde siempre han existido tensiones entre las autoridades y los sindicatos.
Ramos Castillo era miembro del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa (SITRAMJ) y fue uno de los 183 trabajadores que denunciaron la terminación ilegal de su contrato, obteniendo una orden de reintegración a su puesto de trabajo por parte de los tribunales.
Ramos Castillo fue despedido, reincorporado a su puesto de trabajo y despedido de nuevo en el curso de los últimos dos años, y estaba esperando que el alcalde de la ciudad cumpliera con la orden de reintegrar a los trabajadores y pagarles sus salarios retroactivamente.
Los dirigentes sindicales afirman que Ramos Castillo y otros trabajadores municipales despedidos fueron amenazados y acosados por funcionarios municipales por ser miembros activos del sindicato. Ramos Castillo es el sexto miembro de su sindicato en ser asesinado.
El año pasado, en mayo, el líder sindical del transporte Luis Arnoldo López Esteban fue asesinado en Jutiapa. Marlon Dagoberto Vásquez Lόpez, de 19 años, miembro de la red Juventud Sindical y del sindicato de trabajadores de la construcción, fue asesinado en enero de 2014.
Este año, los guatemaltecos han llevado a cabo manifestaciones públicas durante meses, con un número sin precedentes de personas exigiendo transparencia, democracia, rendición de cuentas y acceso a la justicia.
Como resultado, en septiembre, el presidente Otto Pérez Molina se vio obligado a dimitir y fue arrestado. Además, más de 15 altos funcionarios gubernamentales se han visto implicados en un escándalo de corrupción cada vez mayor.
A escala del Gobierno local, los trabajadores municipales señalan que la corrupción generalizada ha dado como resultado la malversación habitual de los salarios, el acoso de los trabajadores que se sindicalizan para mejorar su lugar de trabajo, denunciar los despidos y las represalias ilegales.
Violencia continua
A pesar de la violencia continua contra los miembros sindicales en forma de asesinatos, torturas, secuestros, robos y amenazas de muerte, pocos autores de estos delitos son llevados ante la justicia.
En una acción sin precedentes, el año pasado, el Gobierno de Estados Unidosestuvo de acuerdo en someter a Guatemala a un arbitraje internacionalpor violación de los derechos de los trabajadores en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica (CAFTA).
Ha sido la primera vez que un país emprende un arbitraje internacional contra otro por violación de las normas del trabajo y la no aplicación por parte de Guatemala de un plan de observancia de 18 puntos para abordar las violaciones de los derechos de los trabajadores. El asunto se planteó por primera vez en 2008, cuando seis sindicatos guatemaltecos y la central sindical nacional de Estados Unidos, la AFL-CIO,presentaron una denuncia ante la Oficina de Comercio estadounidense.
La misma situación se observa en Honduras, donde este año fue asesinado un dirigente sindical, otro fue desaparecido de forma forzada y ahora presuntamente asesinado y varios otros han sido víctimas de amenazas y acosos. Los activistas sindicales afirman que su Gobierno no está cumpliendo con las disposiciones del CAFTA.
En marzo de 2012, la AFL-CIO y 26 sindicatos y organizaciones de la sociedad civil hondureños presentaron una queja en virtud del capítulo laboral del CAFTA, que la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales del ministerio del Trabajo de Estados Unidos aceptó en 2014. En un informe de febrero de 2015, la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales estadounidenses indicó que Honduras no ha hecho prácticamente ningún progreso desde entonces.
Al denunciar el asesinato de Ramos Castillo, el Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) señaló que presentaría el caso ante el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El tribunal se reunirá en noviembre para discutir las acusaciones contra Guatemala según las cuales no está cumpliendo con las normas de la OIT ratificadas por el país, incluido el Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización.
La CUSG también respaldó el llamado de la Confederación Sindical Internacional (CSI) para la creación de una comisión de encuesta de la OIT a fin de "ayudar a abrir el espacio necesario para el debate y la consulta".
La OIT establece este tipo de comisión cuando se acusa a un Estado miembro decometer violaciones persistentes y gravesy negarse a ponerles solución en repetidas ocasiones.
La CSI señaló que esta comisión se justifica porque el Gobierno "no cuenta con mecanismos preventivos eficaces para proteger a los trabajadores contra los actos de violencia, ni para investigar y enjuiciar a los responsables de manera fiable y eficaz".
Este artículo ha sido traducido del inglés.
Este artículo fue publicado por primera vez en el sitio web del Solidarity Center."
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