"El sindicalismo empieza a convertirse en una actividad social de alto riesgo en España. Criminalizar, reprimir y amedrentar a la ciudadanía que participa en cualquier actuación de protesta o rechazo de las políticas de ajuste, austeridad y recortes, que se vienen aplicando en nuestro país, parece ser un objetivo explícito y declarado de las reformas que se vienen produciendo en el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que lejos de dar seguridad jurídica, siembran un campo de minas, en el que se adentra cualquier ciudadano que participe en un acto de protesta.
En el campo laboral, el artículo 315 del Código Penal, en manos de fiscales y jueces que interpretan de forma restrictiva el derecho de huelga, se está convirtiendo en una carga de profundidad contra el sindicalismo libre. Tan sólo en CCOO hay más de 150 sindicalistas, en 49 procedimientos sancionadores abiertos, en casi todas la Comunidades Autónomas, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal, por participación en huelgas..."
Íntegra: CCOO
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