"Anoche se presentó en la sede de Flacso-Argentina el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, un trabajo de investigación monumental que por primera vez analiza y sistematiza la represión en 25 empresas, elaborado por el CELS, Flacso-Argentina, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Durante la presentación, se explicó uno de los principales efectos del libro: la posibilidad de caracterizar la historia de represión obrera y encuadrar la relación entre empresas y dictadura como de “responsabilidad empresaria” en lugar del papel que denota posibilidades más subsidiarias como el de colaborador o complicidad. La contribución de este megainforme a las causas y a la Bicameral de investigaciones civiles que acaba de ser promulgada en el Congreso fueron parte de los puntos destacados. En palabras del economista Eduardo Basualdo, el informe aporta “un nuevo conocimiento del régimen dictatorial” y es un “salto cualitativo en el análisis de los casos no sólo por el tipo de fuentes de información, o su metodología, sino porque todo eso permitió construir no sólo una tipología sino jerarquizar los tipos de participación empresaria en la represión a los trabajadores durante la dictadura militar”.
De la mesa de presentación participaron el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; el subsecretario de políticas criminal, Luciano Hazan; el presidente del CELS, Horacio Verbitsky; el director del Area de Economía y Tecnología de Flacso, Eduardo Basualdo, y la responsable del Programa Verdad y Justicia, Elizabeth Gómez Alcorta. La investigación, que llevó un año y medio de trabajo, estudia la responsabilidad de un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos de los que fueron víctimas trabajadores y trabajadoras durante la última dictadura argentina. Aunque durante el trabajo se relevó un listado de 200 empresas, el trabajo se acotó a un universo de 25, dedicadas a actividades diferentes y localizadas en distintas regiones del país. Desde Minera El Aguilar, La Veloz del Norte y el Ingenio Ledesma, hasta las del grupo Techint, Bunge y Born, Acindar, Astarsa y Mestrina, tres automotrices y la Nueva Provincia. Casi todas, investigadas por el Poder Judicial, con distintos tipos de alcance en las respectivas causas..."
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