Es
habitual en los sindicatos definir su estrategia como una combinación
entre el acuerdo y la movilización. Con la crisis económica y de empleo y
la aplicación generalizada de políticas regresivas de austeridad, con
fuertes recortes sociolaborales, las dinámicas precedentes han cambiado.
Han producido nuevos desequilibrios en las relaciones laborales y la
capacidad contractual de los sindicatos. Por tanto, el problema no viene
de la existencia de esos dos componentes –negociación y movilización-,
siempre presentes, sino del énfasis en cada uno de ellos y su
interrelación, según cada ámbito y contexto.
El sindicalismo y las
fuerzas progresistas están en un ciclo ‘defensivo’. A pesar de la
masividad e intensidad de la protesta social, todavía no es capaz de
impedir la aplicación del grueso de las medidas; las condiciones
socioeconómicas e institucionales finales son peores respecto a las de
antes de la crisis. El nivel de movilización social es insuficiente para
doblegar a los poderosos adversarios y, entre los sectores más
comprometidos, deja un sabor de impotencia. Los de arriba imponen el
empobrecimiento y la pérdida de derechos de los de abajo (y de en
medio).
Al mismo tiempo, la acción sociopolítica de la ciudadanía
indignada, incluida la movilización sindical, y la reafirmación
democrática de la sociedad, es la mejor forma de influir y restar
credibilidad social a estas medidas. Y, sobre todo, asegura las bases
alternativas para los avances o las reformas progresistas, la
regeneración del sistema político y la renovación y el fortalecimiento
del sindicalismo y las izquierdas sociales y políticas. La evaluación de
la acción sociopolítica se hace más compleja y está sometida a su
propia especificidad y referencias: articular un campo social
progresista y democrático, con una orientación reformista fuerte,
socioeconómica y de renovación política.
La acción sindical y la
función de los sindicatos se legitiman por los logros sustantivos
alcanzados en su doble finalidad: avances reivindicativos (o freno a los
retrocesos) y capacidad representativa y transformadora.
2. Perspectivas abiertas: La erosión de la política de austeridad
En
España y otros países del sur europeo es creciente y muy amplio el
proceso de deslegitimación de esas medidas regresivas y de desconfianza
hacia las élites gestoras. Ello supone una erosión relevante de esa
gestión antisocial de la crisis y pone de manifiesto el déficit
democrático de las grandes instituciones y las élites políticas y
económicas dominantes. Junto con la evidencia del fracaso de la actual
política de austeridad para garantizar el empleo decente y los derechos
sociales de la ciudadanía, ese desgaste de su legitimidad y esa presión
social por el giro hacia una salida de la crisis más justa y democrática
supone un factor significativo para frenar esa dinámica y abrir un
horizonte de cambio. Es ya un impacto inmediato positivo y relevante.
El
movimiento sindical, como una fuerza relevante en estos años en la
movilización social, y el conjunto de sectores progresistas y la
izquierda social y política, sigue en una encrucijada estratégica: 1)
adaptarse con resignación, aceptando esta grave situación socioeconómica
y contemporizando con los duros ajustes, sin una diferenciación clara
contra esta deriva antisocial y con déficit democrático, intentando
sobrevivir con críticas débiles, pasividad social y un mínimo de
legitimidad ciudadana; 2) consolidar una apuesta de confrontación contra
la política de austeridad y por el empleo decente y los derechos
sociolaborales con un horizonte de unificar y ampliar la activación de
sus bases sociales y del conjunto de fuerzas ciudadanas progresistas que
pueda culminar en un proceso de conflictividad general hasta asegurar
una salida justa de la crisis.
En la realidad reciente ha tenido más
peso la segunda, pero con limitaciones y elementos de la primera, que
han cobrado peso últimamente. El futuro dirá en qué proporciones se
combinan las dos tendencias y cómo se conforma una dinámica intermedia o
mixta.
Se ha producido un amplio rechazo social a los recortes y,
al mismo tiempo, un limitado prestigio de los sindicatos. Tienen
importante representatividad pero déficit de legitimidad ciudadana.
3. El papel reivindicativo y sociopolítico del movimiento sindical
La
imposición gubernamental de esas políticas regresivas, con el apoyo del
poder económico y financiero, conlleva el fracaso del sistema de
diálogo social como vía de freno a esas medidas y marco para establecer
una política equilibrada y compartida frente a la crisis.
En los
últimos años la estrategia sindical de diálogo social ha materializado
tres grandes pactos generales: Acuerdo para la negociación colectiva del
año 2010; acuerdo social y económico con el aval a la reforma de las
pensiones del año 2011, y nuevo acuerdo para la negociación colectiva
del año 2012. Ninguno de ellos ha supuesto avances sustantivos ni
mejoras significativas para trabajadores y trabajadoras. Los supuestos
compromisos de las contrapartes a los sacrificios salariales y de
pensiones acordados, también se han incumplido, y las arduas
negociaciones posteriores han fracasado.
Las tres grandes reformas
han constituido un fracaso en los dos planos: retroceso de condiciones y
derechos sociolaborales, y debilitamiento de la capacidad contractual
del sindicalismo (reforma laboral y de la negociación colectiva) o de su
legitimidad social (reforma de las pensiones). Los intentos
negociadores en torno a ellas no las han modificado y han fracasado.
Siguen pendientes los objetivos de revertir esos retrocesos: garantías
laborales y salariales, equilibrios en las relaciones laborales y
derechos de jubilación (65+35).
Combinado con esos pactos globales
se han promovido tres grandes huelgas generales, con importante
participación y mayor apoyo popular a sus objetivos. Han sido procesos
de reafirmación del sindicalismo y aumento de su legitimidad social,
imprescindibles tras las evidencias de las fuertes agresiones
gubernamentales, su incumplimiento de las promesas anteriores y el
fracaso de la negociación. Han expresado el otro componente fundamental
de la acción sindical: la firme voluntad sindical y la masiva
contestación popular contra medidas impuestas e impopulares. Es verdad
que tampoco han conseguido sus objetivos reivindicativos inmediatos de
echar atrás las respectivas reformas laborales. Pero han señalado el
camino para ello, han consolidado una opinión ciudadana contra los
recortes sociales y laborales y en defensa de un empleo decente, han
debilitado la credibilidad gubernamental, y apuntan a una rectificación
de esa política regresiva. Suponen también una relegitimación de la
actuación representativa y de liderazgo del sindicalismo, aspecto
crucial ante los intentos conservadores de su marginación.
La
estrategia sindical de diálogo social o acuerdos generales no ha
ofrecido soluciones a los grandes problemas y objetivos externos
(reivindicativos) e internos (capacidad representativa y contractual).
Tampoco ha servido, significativamente, en un sentido defensivo, como
veto o freno a dinámicas mucho más agresivas.
La acción sindical
fundamental no pasa por la prioridad de un diálogo social subordinado y
de colaboración con esa dinámica. La pasividad o simple inercia tampoco
es suficiente.
La experiencia de las tres huelgas generales ha
expresado los límites de participación y de resultados reivindicativos,
aunque ha permitido ampliar el apoyo social a los objetivos y la
representatividad de los propios sindicatos. Igualmente, las importantes
movilizaciones y mareas ciudadanas en diversos ámbitos sectoriales y
territoriales (como la enseñanza en Madrid o los empleados públicos en
Cataluña) han demostrado el amplio respaldo a esas iniciativas
sindicales, aun cuando sean lejanos o parciales los frutos
reivindicativos. En su conjunto, se han puesto de manifiesto las
dificultades sindicales para garantizar los derechos sociolaborales y
evitar la involución social. La realidad de la crisis socioeconómica y
de empleo y las regresivas políticas gubernamentales son un obstáculo
para avanzar en una salida equitativa y progresista de la crisis. Pero
ha quedado claro que la política sindical de colaboración o pasividad
con los recortes de derechos tiene efectos perniciosos para la población
trabajadora y el propio movimiento sindical, y que la oposición a los
mismos condiciona su aplicación y facilita un mayor prestigio y
legitimación del sindicalismo, palanca desde la cual se posibilita el
avance posterior.
En definitiva, el sindicalismo, junto con diversos
grupos sociales, ha sido capaz de activar un amplio movimiento
sociopolítico contra la austeridad. Constituye una fuerza social clave
para defender a las clases trabajadoras y promover un cambio de rumbo.
Pero ha cometido algunos errores que han debilitado su legitimidad
social y su capacidad transformadora. Y sus inercias organizativas
dificultan una mejor vinculación con significativos segmentos de la
sociedad. A los sindicatos se les puede pedir más: evitar actuaciones
erróneas, incrementar su dinamismo y firmeza en la acción sindical y
renovar sus dinámicas organizativas y sus discursos. Así se fortalecerá
su doble dimensión reivindicativa y social."
