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quarta-feira, 21 de outubro de 2015
Audiência pública debate segunda revisão tarifária periódica da Termonuclear (Fonte: ANEEL)
Presión internacional sobre Guatemala y Honduras tras el asesinato de activistas sindicales (@EqualTimes)
Mynor Rolando Ramos Castillo, un trabajador municipal de Jalapa, una ciudad en el sureste de Guatemala, fue asesinado a tiros frente a su casa el 24 de septiembre de 2015. Su familia detuvo al asesino y lo presentó a la policía. El asesino confesó haber aceptado el encargo de asesinarlo a cambio de 1.500 quetzales (aproximadamente 195 USD).a crime scene in Guatemala City. More than 70 trade unionists have been murdered since 2007.
Aun cuando Ramos Castillo ha sido el primer activista sindical asesinado en Guatemala este año, ya son 70 los activistas sindicales asesinados desde 2007 en un país donde siempre han existido tensiones entre las autoridades y los sindicatos.
Ramos Castillo era miembro del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa (SITRAMJ) y fue uno de los 183 trabajadores que denunciaron la terminación ilegal de su contrato, obteniendo una orden de reintegración a su puesto de trabajo por parte de los tribunales.
Ramos Castillo fue despedido, reincorporado a su puesto de trabajo y despedido de nuevo en el curso de los últimos dos años, y estaba esperando que el alcalde de la ciudad cumpliera con la orden de reintegrar a los trabajadores y pagarles sus salarios retroactivamente.
Los dirigentes sindicales afirman que Ramos Castillo y otros trabajadores municipales despedidos fueron amenazados y acosados por funcionarios municipales por ser miembros activos del sindicato. Ramos Castillo es el sexto miembro de su sindicato en ser asesinado.
El año pasado, en mayo, el líder sindical del transporte Luis Arnoldo López Esteban fue asesinado en Jutiapa. Marlon Dagoberto Vásquez Lόpez, de 19 años, miembro de la red Juventud Sindical y del sindicato de trabajadores de la construcción, fue asesinado en enero de 2014.
Este año, los guatemaltecos han llevado a cabo manifestaciones públicas durante meses, con un número sin precedentes de personas exigiendo transparencia, democracia, rendición de cuentas y acceso a la justicia.
Como resultado, en septiembre, el presidente Otto Pérez Molina se vio obligado a dimitir y fue arrestado. Además, más de 15 altos funcionarios gubernamentales se han visto implicados en un escándalo de corrupción cada vez mayor.
A escala del Gobierno local, los trabajadores municipales señalan que la corrupción generalizada ha dado como resultado la malversación habitual de los salarios, el acoso de los trabajadores que se sindicalizan para mejorar su lugar de trabajo, denunciar los despidos y las represalias ilegales.
Violencia continua
A pesar de la violencia continua contra los miembros sindicales en forma de asesinatos, torturas, secuestros, robos y amenazas de muerte, pocos autores de estos delitos son llevados ante la justicia.
En una acción sin precedentes, el año pasado, el Gobierno de Estados Unidosestuvo de acuerdo en someter a Guatemala a un arbitraje internacionalpor violación de los derechos de los trabajadores en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica (CAFTA).
Ha sido la primera vez que un país emprende un arbitraje internacional contra otro por violación de las normas del trabajo y la no aplicación por parte de Guatemala de un plan de observancia de 18 puntos para abordar las violaciones de los derechos de los trabajadores. El asunto se planteó por primera vez en 2008, cuando seis sindicatos guatemaltecos y la central sindical nacional de Estados Unidos, la AFL-CIO,presentaron una denuncia ante la Oficina de Comercio estadounidense.
La misma situación se observa en Honduras, donde este año fue asesinado un dirigente sindical, otro fue desaparecido de forma forzada y ahora presuntamente asesinado y varios otros han sido víctimas de amenazas y acosos. Los activistas sindicales afirman que su Gobierno no está cumpliendo con las disposiciones del CAFTA.
En marzo de 2012, la AFL-CIO y 26 sindicatos y organizaciones de la sociedad civil hondureños presentaron una queja en virtud del capítulo laboral del CAFTA, que la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales del ministerio del Trabajo de Estados Unidos aceptó en 2014. En un informe de febrero de 2015, la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales estadounidenses indicó que Honduras no ha hecho prácticamente ningún progreso desde entonces.
Al denunciar el asesinato de Ramos Castillo, el Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) señaló que presentaría el caso ante el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El tribunal se reunirá en noviembre para discutir las acusaciones contra Guatemala según las cuales no está cumpliendo con las normas de la OIT ratificadas por el país, incluido el Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización.
La CUSG también respaldó el llamado de la Confederación Sindical Internacional (CSI) para la creación de una comisión de encuesta de la OIT a fin de "ayudar a abrir el espacio necesario para el debate y la consulta".
La OIT establece este tipo de comisión cuando se acusa a un Estado miembro decometer violaciones persistentes y gravesy negarse a ponerles solución en repetidas ocasiones.
La CSI señaló que esta comisión se justifica porque el Gobierno "no cuenta con mecanismos preventivos eficaces para proteger a los trabajadores contra los actos de violencia, ni para investigar y enjuiciar a los responsables de manera fiable y eficaz".
Este artículo ha sido traducido del inglés.
Este artículo fue publicado por primera vez en el sitio web del Solidarity Center."
Presión internacional sobre Guatemala y Honduras tras el asesinato de activistas sindicales (@EqualTimes)
Mynor Rolando Ramos Castillo, un trabajador municipal de Jalapa, una ciudad en el sureste de Guatemala, fue asesinado a tiros frente a su casa el 24 de septiembre de 2015. Su familia detuvo al asesino y lo presentó a la policía. El asesino confesó haber aceptado el encargo de asesinarlo a cambio de 1.500 quetzales (aproximadamente 195 USD).a crime scene in Guatemala City. More than 70 trade unionists have been murdered since 2007.
Aun cuando Ramos Castillo ha sido el primer activista sindical asesinado en Guatemala este año, ya son 70 los activistas sindicales asesinados desde 2007 en un país donde siempre han existido tensiones entre las autoridades y los sindicatos.
Ramos Castillo era miembro del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa (SITRAMJ) y fue uno de los 183 trabajadores que denunciaron la terminación ilegal de su contrato, obteniendo una orden de reintegración a su puesto de trabajo por parte de los tribunales.
Ramos Castillo fue despedido, reincorporado a su puesto de trabajo y despedido de nuevo en el curso de los últimos dos años, y estaba esperando que el alcalde de la ciudad cumpliera con la orden de reintegrar a los trabajadores y pagarles sus salarios retroactivamente.
Los dirigentes sindicales afirman que Ramos Castillo y otros trabajadores municipales despedidos fueron amenazados y acosados por funcionarios municipales por ser miembros activos del sindicato. Ramos Castillo es el sexto miembro de su sindicato en ser asesinado.
El año pasado, en mayo, el líder sindical del transporte Luis Arnoldo López Esteban fue asesinado en Jutiapa. Marlon Dagoberto Vásquez Lόpez, de 19 años, miembro de la red Juventud Sindical y del sindicato de trabajadores de la construcción, fue asesinado en enero de 2014.
Este año, los guatemaltecos han llevado a cabo manifestaciones públicas durante meses, con un número sin precedentes de personas exigiendo transparencia, democracia, rendición de cuentas y acceso a la justicia.
Como resultado, en septiembre, el presidente Otto Pérez Molina se vio obligado a dimitir y fue arrestado. Además, más de 15 altos funcionarios gubernamentales se han visto implicados en un escándalo de corrupción cada vez mayor.
A escala del Gobierno local, los trabajadores municipales señalan que la corrupción generalizada ha dado como resultado la malversación habitual de los salarios, el acoso de los trabajadores que se sindicalizan para mejorar su lugar de trabajo, denunciar los despidos y las represalias ilegales.
Violencia continua
A pesar de la violencia continua contra los miembros sindicales en forma de asesinatos, torturas, secuestros, robos y amenazas de muerte, pocos autores de estos delitos son llevados ante la justicia.
En una acción sin precedentes, el año pasado, el Gobierno de Estados Unidosestuvo de acuerdo en someter a Guatemala a un arbitraje internacionalpor violación de los derechos de los trabajadores en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre EE.UU. y Centroamérica (CAFTA).
Ha sido la primera vez que un país emprende un arbitraje internacional contra otro por violación de las normas del trabajo y la no aplicación por parte de Guatemala de un plan de observancia de 18 puntos para abordar las violaciones de los derechos de los trabajadores. El asunto se planteó por primera vez en 2008, cuando seis sindicatos guatemaltecos y la central sindical nacional de Estados Unidos, la AFL-CIO,presentaron una denuncia ante la Oficina de Comercio estadounidense.
La misma situación se observa en Honduras, donde este año fue asesinado un dirigente sindical, otro fue desaparecido de forma forzada y ahora presuntamente asesinado y varios otros han sido víctimas de amenazas y acosos. Los activistas sindicales afirman que su Gobierno no está cumpliendo con las disposiciones del CAFTA.
En marzo de 2012, la AFL-CIO y 26 sindicatos y organizaciones de la sociedad civil hondureños presentaron una queja en virtud del capítulo laboral del CAFTA, que la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales del ministerio del Trabajo de Estados Unidos aceptó en 2014. En un informe de febrero de 2015, la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales estadounidenses indicó que Honduras no ha hecho prácticamente ningún progreso desde entonces.
Al denunciar el asesinato de Ramos Castillo, el Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) señaló que presentaría el caso ante el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El tribunal se reunirá en noviembre para discutir las acusaciones contra Guatemala según las cuales no está cumpliendo con las normas de la OIT ratificadas por el país, incluido el Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización.
La CUSG también respaldó el llamado de la Confederación Sindical Internacional (CSI) para la creación de una comisión de encuesta de la OIT a fin de "ayudar a abrir el espacio necesario para el debate y la consulta".
La OIT establece este tipo de comisión cuando se acusa a un Estado miembro decometer violaciones persistentes y gravesy negarse a ponerles solución en repetidas ocasiones.
La CSI señaló que esta comisión se justifica porque el Gobierno "no cuenta con mecanismos preventivos eficaces para proteger a los trabajadores contra los actos de violencia, ni para investigar y enjuiciar a los responsables de manera fiable y eficaz".
Este artículo ha sido traducido del inglés.
Este artículo fue publicado por primera vez en el sitio web del Solidarity Center."
segunda-feira, 19 de outubro de 2015
Sindicalistas pedem rejeição de PEC que acaba com contribuição sindical obrigatória — Senado Federal - Portal de Notícias
A Proposta de Emenda à Constituição foi apresentada pelo senador Blairo Maggi (PR-MT). O texto altera o artigo 8º da Constituição para suprimir a cobrança de contribuição sindical obrigatória em favor das associações que formam o sistema confederativo de representação sindical. Segundo o parlamentar, o imposto sindical promoveria uma relação de dependência financeira dos sindicatos em relação ao Estado.
Mas para os sindicalistas, a proposta desmantela o movimento sindical e ataca os direitos dos trabalhadores.
— Esse dinheiro não vem do governo. O governo simplesmente regula para que a contribuição venha dos próprios participantes da categoria, mas não é o governo que está colocando o dinheiro. Há muita falácia dentro das justificativas [dos projetos] — disse Daro Marcos Piffer, presidente do Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central Nacional.
A PEC aguarda votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde o relator José Medeiros (PPS-MT) apresentou parecer pela aprovação. Mas segundo Paulo Paim (PT-RS) e João Paulo Ribeiro, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Medeiros está aberto a ouvir a posição dos sindicalistas sobre a PEC e pode mudar seu parecer.
— Nós queremos acabar com a organização sindical? Se for isso, o projeto é um bom caminho — avaliou Ribeiro.
Para Miguel Salaberry Filho, da União Geral dos Trabalhadores, a PEC vai "extirpar trabalhadores de sua representatividade".
Alternativa
Valeir Ertle, da Central Única dos Trabalhadores (CUT), defendeu a substituição do imposto sindical pela contribuição sobre a negociação coletiva (ou contribuição negocial).
Nesse modelo, a contribuição só seria cobrada por ocasião das campanhas salariais conduzidas pelos sindicatos e, somente, se assembleias da categoria aprovassem a cobrança. Assim, o filiado pagaria a contribuição normalmente e o nãofiliado pagaria se quisesse se beneficiar da negociação coletiva.
Segundo Ertle, essa nova sistemática fortaleceria os sindicatos realmente representativos e enfraqueceria as entidades de fachada:
— Hoje tem muito sindicato que cobra imposto e não faz nada. São mais de dois mil sindicatos que não negociam, mas recebem imposto sindical mensalmente — afirmou.
Já Moacyr Roberto Tesch, da Nova Central Sindical de Trabalhadores, defendeu a manutenção do atual modelo de financiamento dos sindicatos, que, além do imposto sindical, também é baseado nas contribuições (confederativa e assistencial) e na mensalidade cobrada do sindicalizado.
— As convenções coletivas e os direitos são universais independentemente se a pessoa é filiada ou não é filiada — apontou.
Consenso
O financiamento sindical também está em discussão na Câmara dos Deputados. Uma comissão especial foi instalada no começo de outubro com o propósito de elaborar um projeto que regulamente as contribuições aos sindicatos.
João Domingos Gomes dos Santos, da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, e Luiz Saraiva, da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, sustentaram que qualquer eventual substituição do imposto sindical por outra modalidade seja construída consensualmente entre os trabalhadores antes de tramitar no Congresso.
— O que não podemos aceitar é que seja dado fim ao imposto sindical sem que seja dada outra forma de custeio — defendeu Saraiva.
Greve
Outra proposta que preocupa os sindicalistas é o PLS 710/2011, do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), que regulamenta o direito de greve de servidores públicos. O texto limita a contagem do tempo de paralisação como de efetivo serviço e exige a manutenção em atividade de 50% a 80% do total de servidores, de acordo com o tipo da atividade exercida.
O projeto foi rejeitado na CDH, que aprovou em seu lugar o PLS 287/2013, do senador Paulo Paim (PT-RS). A proposta, que vai passar agora pela CCJ, prevê que a participação em greve não desabona o servidor em avaliações de desempenho que envolvem a produtividade.
— Há um movimento na CCJ para barrar esse projeto que aprovamos e aprovar o que foi rejeitado. Nosso projeto foi uma construção coletiva — alertou Paim.
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)"
sexta-feira, 16 de outubro de 2015
CDH discute financiamento dos sindicatos e fim da contribuição sindical — Senado Federal - Portal de Notícias
Plenário aprova autorização para microempreendedor usar residência como sede da empresa - Câmara Notícias - Portal da Câmara dos Deputados
Pela proposta, que altera a legislação que criou o Simples Nacional (Lei Complementar 123/06), o microempreendedor individual poderá utilizar a sua residência como sede do estabelecimento comercial sempre que não for indispensável a existência de local próprio para o exercício da atividade.
A medida pretende facilitar a adesão de pessoas ao regime simplificado de tributação, afastando restrições impostas por leis estaduais que não permitem o uso do endereço residencial para cadastro de empresas.
Para o líder do PPS, deputado Rubens Bueno (PR), a lei vai modernizar as relações e a logística de trabalho. "Hoje com a internet e as redes sociais, a capacidade de trabalho em sua própria casa é muito grande", disse.
O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) afirmou que essa é uma das principais conquistas da microempresa e, em especial, do MEI. "A Câmara toma uma das principais iniciativas em favor do empreendedorismo", afirmou. Para ele, que relatou a Lei do Simples na Câmara, a mudança poderá trazer para a legalidade cerca de 7 milhões de autônomos, cerca de 58% do total no País.
O deputado Moroni Torgan (DEM-CE) acrescentou que os empreendedores não precisarão mais inventar domicílios para desenvolverem suas atividades.
Em seguida, a Ordem do Dia foi encerrada."
Chega ao Senado medida provisória que cria programa para preservar emprego (Senado)
" Já chegou ao Senado a Medida Provisória 680/2015, que institui o Programa de Proteção ao Emprego (PPE). Ele permite às empresas em dificuldade financeira diminuir a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30%, mediante o compromisso de não demiti-los sem justa causa.
O governo, nesse caso, paga até metade da parcela do salário que o trabalhador deixar de receber, limitada a 65% do teto do seguro-desemprego. Ou seja: em valor de hoje, R$ 900,85. Para isso, vai utilizar os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Na última quarta-feira (14), a Câmara dos Deputados finalizou a votação da medida provisória aprovando o parecer do deputado Daniel Vilela (PMDB-GO) que havia sido acolhido pela comissão de deputados e senadores que examinou o assunto (toda MP passa pela análise de uma comissão mista antes de ser votada em cada uma das casas legislativas).
O parecer de Daniel Vilela amplia de 12 para 24 meses o prazo em que as empresas habilitadas podem participar do programa. Estende também o prazo final de adesão ao PPE, de 31 de dezembro de 2015 para 31 de dezembro de 2016. O programa, lançado para amenizar os efeitos da recessão econômica sobre o emprego, terá caráter temporário. Sua extinção está marcada para 31 de dezembro de 2017.
A ideia foi adotada por países europeus, com avaliação positiva quanto aos seus resultados.
– O grande case foi na Alemanha, em 2009, responsável pela manutenção de meio milhão de empregos no pós-crise de 2008 – diz Vilela.
Tanto o governo quanto especialistas da área do trabalho têm se espantado com a rapidez com que o desemprego tem aumentado no Brasil. Em agosto, segundo o IBGE, a taxa de desemprego foi de 7,6%. É o maior índice para um mês de agosto desde 2009, quando a taxa ficou em 8,1%. Um ano antes, em agosto de 2014, a taxa estava em 5%.
Flexibilização trabalhista
Durante a discussão da MP 680/2015 na Câmara, houve grande polêmica sobre a inclusão de uma regra que permitiria que a convenção ou o acordo coletivo de trabalho prevalecesse sobre a lei, desde que não contrariassem direitos previstos na Constituição e nas convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) ratificadas pelo Brasil nem as normas de higiene, saúde e segurança do trabalho.
A bancada do governo e parte da oposição fizeram acordo para adiar a discussão do assunto, acatando pedido das centrais sindicais, e o tema ficou de fora do texto aprovado. Nem todos gostaram desse desfecho.
- A emenda era um avanço extraordinário, a CLT [Consolidação das Leis do Trabalho] precisa ser aprimorada. Um dos primeiros acordos na Europa com a crise de 2008 foi a flexibilização sindical – lamentou o deputado Alfredo Kaefer (PSDB-PR), um dos autores da emenda.
Para exemplificar como funcionará o PPE, um trabalhador que receba R$ 5 mil por mês de uma empresa participante do programa receberia R$ 4.250 com a redução de 30% da jornada de trabalho e do salário. Desse total, R$ 3,5 mil serão pagos pelo empregador e R$ 750 pagos pelo governo com recursos do FAT.
O governo estima que gastará R$ 97,6 milhões de recursos do FAT com o programa. O Executivo argumenta que ele não só possibilitará preservar empregos como também reduzirá os custos das empresas. A maior economia virá da eliminação de custos que as empresas teriam com indenizações trabalhistas e, futuramente, com a contratação e o treinamento dos profissionais que precisarão ser incorporados aos seus quadros quando o país voltar a crescer.
(Com informações da Agência Câmara)
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)"
quinta-feira, 15 de outubro de 2015
CCJ confirma possibilidade de acordo entre teles e Anatel para evitar multas (Fonte: Senado)
Íntegra: Senado
Horrores do capitalismo: terceirização do setor elétrico, fábrica de amputados (Fonte: Socialista Morena)
Íntegra: Socialista Morena